El Govern de la Generalitat ha aprobado un decreto ley para "tapar los agujeros" de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. La consellera de Territorio, Ester Capella, ha explicado tras la reunión semanal del Consell Executiu que regularán el alquiler temporal y habitacional, para evitar el uso "fraudulento" y la "picaresca de los propietarios". Los arrendadores declaran que los alquileres permanentes son de temporada para, de esta manera, no estar sujetos al precio máximo que establece el índice de la ley de vivienda.
En la rueda de prensa, Capella ha asegurado que el decreto ley aprobado evita que los arrendadores eludan "los huecos" que tiene la Ley Estatal en aquellos alquileres, que, hasta ahora, son considerados no permanentes. Los alquileres con uso temporal por motivos profesionales, de estudios o médicos, serán considerados viviendas permanentes; en cambio, alquileres para uso recreativo y vacacional, no.
Los arrendadores deberán hacer constar en el contrato la finalidad del alquiler. En los casos en que no se documente el motivo, la vivienda pasará a ser de alquiler permanente. Según la consellera, el decreto ley pretende "proteger" al inquilino de entrar en alquileres temporales cuando realmente no lo son.
Los alquileres de habitaciones también están regulados
En referencia a los alquileres habitacionales, Capella ha explicado que para evitar el uso fraudulento de la norma, el arrendador no podrá superar el límite establecido para la vivienda al sumar el coste de la renda de cada una de las estancias.
Además, la consellera de Territorio ha afirmado que se ampliará la zona tensionada de Cataluña para la vivienda a 271 municipios, lo que representa el 90% de la población catalana, según Capella.
Nuevo régimen sancionador
Capella también ha incidido en el hecho de implementar un régimen sancionador para evitar ese "uso fraudulento" de la ley de vivienda por parte de los arrendadores.
El Govern considera muy grave que la persona que alquile una vivienda y supere "el 30% del máximo aplicable según el régimen de contención de precios", y por ello, recibirá una multa que oscila entre los 90.001 y 900.000 euros.
Las infracciones graves de la norma, que representan alquilar por un precio superior de un 10% a un 30% la vivienda, tendrán una multa de entre 9.001 y 90.000 euros. Finalmente, en los casos donde el contrato no tenga precio de referencia, de la última renta o de la condición de gran tenedor, se considerará una infracción leve (entre 3.000 y 9.000 euros de sanción).
Más parque público de alquiler
Además, Capella ha presentado las medidas que permitirán ampliar el parque público de alquiler en Cataluña. Por un lado, la administración pública tendrá derecho preferente en la compra de viviendas en las zonas declaradas como tensionadas; este derecho de tanteo y retracto será en casos donde la propiedad sea de un gran tenedor o procedentes de una ejecución hipotecaria.
Por otro lado, se dotará de "más músculo financiero" a l'Incasòl. Para ello, se rebajará del 10% a un 5% el porcentaje de disponibilidad de los recursos para garantizar el pago en caso de devoluciones y cancelaciones.
El Sindicat de Llogateres defiende la regulación
El Sindicat de Llogateres ha celebrado la aprobación del decreto ley para regular el alquiler de temporada y habitacional, a falta de ser publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y pide que los grupos parlamentarios se comprometan a dar el apoyo en la convalidación en el Parlament.
Desde la organización han apuntado que los alquileres de temporada que "realmente son permanentes" habían proliferado por las "trampas de las inmobiliarias y los especuladores". El sindicato también espera que esta nueva regulación permita "desincentivar" el uso de arrendamientos temporales para "esquivar" la legislación vigente.
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