Dos empresas vinculadas a la presunta concesión irregular de ayudas al fomento del valenciano al hermano del expresidente de la Generalitat, Francis Puig, no tendrán que devolver los 170.000 que les reclamaba el Gobierno autonómico por un error del anterior equipo de la Conselleria de Educación, responsable de esas subvenciones. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado los cuatro recursos presentados por las empresas de comunicación audiovisual Canal Maestrat y Kriol Produccions, propiedad de los hermanos Adell Bover (socios de Francis Puig), lo que supone dejar sin efecto las resoluciones de la Generalitat que les obligaban a devolver las subvenciones no justificadas. 

La Sala ha adoptado esta decisión al comprobar que el plazo máximo legal de 12 meses que tiene la Administración para resolver y notificar la decisión desde la incoación del expediente administrativo de reintegro había caducado.

Según fuentes judiciales, todos los casos el Consell incoó los procedimientos de reintegro el 7 de noviembre de 2019, por lo que en el plazo para resolver y notificar a la empresa finalizaría el 6 de noviembre de 2020. No obstante, teniendo en cuenta los 79 días en que estuvieron suspendidos los plazos administrativos (entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020) como consecuencia de la declaración de Estado de Alarma derivado de la pandemia de covid, esa fecha límite ha de fijarse el 24 de enero de 2021.

De este modo, las resoluciones de la Conselleria de Educación, que se produjeron el 26 de enero de 2021 y el 26 de febrero de ese año, en las que se acordaba y se notificaba a las empresas la obligación de devolver las subvenciones, se emitieron y comunicaron a los interesados una vez sobrepasado el plazo establecido.

Asimismo, aunque el mismo 28 de enero la Conselleria ampliaba un mes el plazo para resolver y notificar, esa decisión "no pudo surtir efectos por cuanto la caducidad del procedimiento ya se había producido", explican los jueces.

El mismo tribunal ha deliberado conjuntamente a estos recursos otros dos relativos al mismo objeto de litigio que están pendientes de fallo. Las sentencias, que han sido notificadas este jueves a las partes, no son firmes y pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.

El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, reclamó explicaciones al exconseller de Educación con el Botànic, Vicent Marzà. Según Barrachina, el Consell presidido por Ximo Puig "además de dar subvenciones sin control a las empresas de su hermano y sus socios también ha intentado condonarles la deuda que tienen con todos los valencianos". "Es una vergüenza que la Conselleria de Educación gobernada por Compromís no reclamara en tiempo y forma a los socios del imputado hermano Puig devolver las subvenciones que les fueron requeridas", añadió.

Barrachina cree que "estaría bien" que Marzà "saliera a dar explicaciones para saber si se trató de un error o si recibió una instrucción de Ximo Puig para dejar que el expediente caducara y así no reclamar el dinero".