El Ministerio de Justicia ha llegado a un acuerdo para aplicar una subida salarial a los funcionarios de la Administración de Justicia, que lo han reclamado con insistencia desde comienzos de 2023, cuando se aumentó la retribución a los letrados de la Administración y, seguidamente, a los jueces y fiscales. Las elecciones del 23 de julio tiraron por la borda las expectativas de que las encendidas protestas y la huelga de los funcionarios pudieran desembocar en un pacto. Un acuerdo que finalmente se ha alcanzado ahora para 12.000 trabajadores que cobrarán entre 160 y 250 euros más cada mes, según ha confirmado el sindicato CSIF. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha explicado que la subida "se aplicará a través del complemento específico" y que el acuerdo se ratificará mañana en un acto de firma en la sede del Ministerio de Justicia, en la madrileña calle San Bernardo. El aumento afectará a los trabajadores del ámbito no transferido, es decir, a los que trabajan en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, los Juzgados Centrales, el Registro Civil y el Instituto Nacional de Toxicología (INTCF). 

La subida será de 165 euros para los funcionarios de auxilio judicial, de 180 para los de tramitación y los ayudantes de Laboratorio INTCF, 195 para los encargados de gestión y los técnicos de Laboratorio ITCF y de 250 para los médicos forenses y los facultativos INTCF. 

El sindicato, mayoritario en el sector, ha añadido que la subida se aplicará de manera progresiva. A partir de mayo, los funcionarios cobrarán el 50 de este aumento, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Una vez entrado 2025, la subida se aplicará ya íntegramente. "En apenas ocho meses se cumplirá la totalidad del acuerdo", han destacado desde CSIF, que advierte también de que seguirán "negociando la totalidad de las reivindicaciones del personal de Justicia, así como su mejora laboral y retributiva y el reconocimiento a su trabajo". 

La organización afirma, por otro lado, que Justicia se ha comprometido a "revisar la normativa sobre el nombramiento de personal interino para reducir la contratación temporal". También existe un compromiso para establecer un protocolo de nombramiento de refuerzos y para la revisión de plantillas, planes de formación y medidas en materia de salud laboral. 

El sindicato ha valorado positivamente el acuerdo, "teniendo en cuenta las dificultades de la coyuntura política y la inestabilidad de las alianzas parlamentarias que ha provocado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. "Pensando en el interés del conjunto de trabajadores de la Justicia, consideramos que hemos alcanzado el mejor acuerdo posible en este momento", resumen.