El ministro de Justicia, Félix Bolaños, pretende zanjar antes de que acabe el año un asunto que han ido postergando desde 2020 todos sus antecesores: la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que a base de parches legislativos ha persistido en el ordenamiento jurídico español desde 1882. El cambio más relevante de la reforma consiste en depositar en la Fiscalía la batuta de la fase de instrucción de los procesos penales, actualmente en mano de los jueces instructores. La ley, por tanto, debería ir acompañada de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que asegure una mayor independencia de la institución, y por este motivo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para crear un grupo de trabajo que se ponga manos a la obra.

Tras reunirse hoy con las asociaciones, las ha convocado a una nueva reunión el martes 7 de mayo. A la cita han acudido la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, el de la Unión Progresista de Fiscales, Jesús Arteaga, y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés. 

García Ortiz ha propuesto a estas tres asociaciones "una metodología de trabajo y un calendario" para que sean ellas, "amparadas por la Fiscalía General, las que comiencen los trabajos de elaboración del nuevo Estatuto". Así lo ha explicado la institución, que pretende "que participen todos los fiscales", porque "solo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras" se pueden hacer propuestas para un nuevo Estatuto.

La reforma de la LECrim que pretende aprobar el ministro de Justicia supondría una revolución de los procedimientos penales en España, que se alinearían con los estándares de la Unión Europea. La figura del juez instructor, que a día de hoy dirige las investigaciones previas a posibles juicios, pasaría a ser una mera "garantía" del proceso de instrucción, un actor "tercero imparcial llamado a controlar la legalidad de las actuaciones". 

El papel que ahora corresponde a los instructores pasaría a ser competencia de los fiscales, que dirigirían la primera de las tres fases del procedimiento penal diseñadas por el anteproyecto de ley: la investigación, el juicio de acusación y el juicio oral.

Otra novedad que se incluye entre los folios del anteproyecto de ley es la exclusión de los partidos políticos, las administraciones públicas y los sindicatos, que no podrían presentarse como acusación popular. En palabras de Félix Bolaños, el objetivo de la norma es adaptar el proceso penal "al siglo XXI", pero antes hay que dotar "de una mayor independencia" a la Fiscalía General del Estado, según coinciden en señalar todas las asociaciones de fiscales que se reunieron con el ministro a comienzos de este mes y que hoy se han citado con el fiscal general.