La unión empresarial (UTE) que presentó una carta de recomendación de Begoña Gómez en dos concursos públicos, Innova Next SLU-The Valley, se impuso a sus rivales gracias a la valoración subjetiva del tribunal, un criterio de evaluación que supone el 40% de la nota final y en el que la UTE apoyada por la pareja del presidente del Gobierno sacó un 10, la máxima puntuación posible. No obstante, desde red.es, la empresa pública licitadora de esos contratos, defienden que "la tramitación del expediente fue impecable" y que la carta de Gómez no se tuvo en cuenta porque no aportaba ningún "valor al objetivo del procedimiento".
El digital El Confidencial publica este jueves un documento de red.es en el que aparecen los resultados obtenidos por las diferentes empresas que optaron a esas adjudicaciones. En las tablas se aprecia cómo la UTE de Innova Next SLU y The Valley obtuvo 10 puntos en el apartado subjetivo, en el que se tienen en cuenta "criterios cuya valoración depende de un juicio de valor".
Esa impecable puntuación está muy por encima de la lograda por el resto de aspirantes, pues el segundo clasificado (Everis Spain SL) obtuvo 8,11 puntos y el resto de candidatos apenas pasaron del 6.
Esa amplia ventaja lograda por la UTE de Carlos Barrabés, el empresario aragonés que impulsó el máster de la Complutense que ahora dirige Begoña Gómez, contrasta con la escasa puntuación que obtuvo en el apartado técnico o económico, en el que se miden "criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas" y que supone el 60% de la nota final.
En este apartado, la oferta recomendada por la pareja de Sánchez quedó en sexta posición (había 8 aspirantes) con una nota de 7,83 puntos, muy por debajo de otros candidatos que lograron puntuaciones excelentes, entre ellos la UTE Adalid-Insem-Awakelab (10 puntos), NT for learning (9,84) o Altia (9,42).
Sin embargo, ponderando ambas notas (subjetiva y objetiva), la UTE de Barrabés consiguió la máxima puntuación total (8,7) y batió por solo tres décimas al segundo clasificado, la UTE de Adalid (8,4), para llevarse uno de los lotes licitados en un concurso público en 2021.
Con idéntico resultado (un 10 en los criterios subjetivos y peor nota que sus rivales en los criterios objetivos), la UTE recomendada por Begoña Gómez consiguió hacerse con otros dos lotes licitados por la misma empresa pública. En total, la alianza empresarial de Barrabés se llevó entre julio y agosto de 2021 tres lotes repartidos en dos concursos públicos por valor de 8,4 millones de euros.
Red.es defiende la "transparencia" del procedimiento
Red.es ha publicado este jueves un comunicado en el que defiende la transparencia del proceso de licitación de esos contratos públicos y matiza que la carta de Begoña Gómez ni siquiera se tuvo en cuenta en la valoración subjetiva de la oferta: "Únicamente se toman en consideración las cartas que aportan valor e información al objetivo del procedimiento de licitación, sin considerar otras, como la aludida en las informaciones".
Subraya, además, que el apartado en el que se tienen en cuenta esas cartas de recomendación apenas supone un 5% de la nota final: "El 60% del peso de la licitación descansa en los criterios económicos y el resto en los sujetos a juicio de valor, en los que el criterio de menor peso es precisamente el relativo al plan de difusión, que únicamente supone un 20% del 40% restante de la valoración, es decir, su peso total sobre la valoración final es del 5%".
Asimismo, inciden en que la UTE de Barrabés presentó 32 cartas de recomendación, "la mayoría de ellas utilizando una plantilla, así son idénticas las de la Universidad Complutense, el Ayuntamiento de Madrid u Orange". Y añade que otros licitadores también presentaron "colaboradores o acuerdos de colaboración".
"La tramitación del expediente fue impecable, cualquier expediente de la entidad es público en todas sus fases y está accesible para todo el que quiera consultarlo, atendiendo a los principios de transparencia del Gobierno de España y todas sus entidades públicas", destaca el comunicado de red.es, incidiendo en que su procedimiento "se ajustaba a los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores".
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