Un nuevo motín estalla en la cárcel de Ecuador de la que escapó el narco Fito

Una ambulancia traslada el cadáver de un recluso, muerto durante un motín en la cárcel Libertad Zonal 8, en Guayaquil (Ecuador).
Una ambulancia traslada el cadáver de un recluso durante un motín en la cárcel Libertad Zonal 8, en Guayaquil (Archivo).
MARCOS PIN / EFE
Una ambulancia traslada el cadáver de un recluso, muerto durante un motín en la cárcel Libertad Zonal 8, en Guayaquil (Ecuador).

Un nuevo motín carcelario ha estallado este miércoles en Ecuador en la Cárcel Regional de Guayaquil. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el Gobierno ya ha recuperado el control de la prisión. Este es el primer motín desde que el presidente lograra controlar la crisis carcelaria vivida a inicios de año con la declaración de "conflicto armado interno" y la posterior militarización de las cárceles. Este jueves, los presos se apoderaron de la prisión y protagonizaron disturbios durante unas horas.

En vídeos difundidos en redes sociales se aprecia un incendio desde el interior de uno de los pabellones, aparentemente por colchones incendiados, mientras que algunos presos protestan por el trato de los militares en las cárceles.

El Gobierno, a través de un comunicado conjunto de las instituciones de seguridad, señaló que "los hechos se deben a una revuelta interna" por parte de un grupo de presos. En su mensaje publicado en redes sociales posteriormente, además de asegurar que el Gobierno había recuperado el control de la cárcel, Noboa no detalló si existen víctimas durante las operaciones efectuadas por las fuerzas estatales para retomar el control.

"Agradezco la valentía del bloque de seguridad que en un operativo profesional, urgente y de gran escala desplegado por las fuerzas del orden, neutralizaron la revuelta antes de una posible escalada", señaló Noboa en un mensaje.

El gobernante afirmó que "esto es un hecho sin precedentes en el país", donde las bandas criminales que controlaban hasta hace pocas semanas de estos recintos protagonizaron una serie de masacres carcelarias donde desde 2020 fueron asesinados más de 500 reos. "No podemos volver al viejo Ecuador. Nuestro compromiso es entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha", concluyó Noboa. 

La Cárcel Regional de Guayaquil, denominada oficialmente como Centro de Rehabilitación Social Guayas Número 4, ha sido una de las más intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción decretado por el Gobierno, con recurrentes operativos para requisar armamento y objetivos prohibidos a la población penitenciaria.

De esta prisión se escapó entre finales de diciembre e inicios de enero el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, que cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asociación ilícita y homicidio.

Hasta antes del inicio del estado de excepción Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua de Ecuador, tenían el control sobre el interior del recinto carcelario, donde cobraban cupos a los presos por el tipo de celda que usaban y también por la alimentación, entre otros elementos de un amplio entramado de extorsión, según testigos.

Este recinto penitenciario forma parte del complejo carcelario de la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde existen cinco cárceles en las que están recluidas unas 12.000 personas aproximadamente.

La Regional es la segunda cárcel más grande de Ecuador con unos 4.500 reos en su interior, solo superada por la adyacente Penitenciaría del Litoral, que tiene en su interior a unos 5.500 reclusos.

Este nuevo motín ocurre a menos de dos semanas de que concluya la prórroga de 30 días del estado de excepción decretado por Noboa con el objetivo de combatir a las bandas del crimen organizado, a las que ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Esta decisión conllevó el despliegue de militares en las cárceles con el objetivo de arrebatar el control de las prisiones a las bandas criminales, que dominaban muchos de los centros carcelarios, donde sus rivalidades causaron desde 2020 una serie de masacres en las que fueron asesinados más de 500 presos.

Durante la militarización de las cárceles, varias organizaciones han denunciado violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, una acusación que el estamento militar ha rechazado siempre de plano al aducir que su actuación se apega a la legalidad y a los derechos humanos.

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