Jaume Collboni ha defendido este martes una reforma del Código Penal para endurecer las leyes y acabar con los delincuentes reincidentes. También ha pedido más recursos y juzgados en la ciudad, una medida que la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, ha reclamado este martes.
Durante la presentación de las propuestas del Col·legi de l’Advocacia (ICAB) para poner fin a la multirreincidencia y a la okupación ilegal, el líder del consistorio ha señalado que es hora de que estos delincuentes dejen de “reírse de la policía y de la justicia” y ha dado apoyo al planteamiento del ICAB. Asimismo, ha dicho que las reformas que se tengan que hacer “tienen que ir rápido y que la dotación de la planta judicial es una prioridad para Barcelona y Cataluña”.
Por su parte, el colegio de abogacía barcelonés ha señalado que el robo de un teléfono móvil es más que la molestia de tener que sustituirlo, ya que es perder imágenes, documentos y contraseñas importantes que, en manos de desconocidos, pueden provocar muchos problemas en la vida diaria de una persona.
Jesús Maria Sánchez, miembro del ICAB, ha asegurado que “cuando nos quitan el móvil, nos quitan nuestra vida. Es la privacidad, todos nuestros datos y contraseñas”. Por eso, ha propuesto que las condenas por hurtar teléfonos sean de uno hasta tres años, aunque el sospechoso no tenga antecedentes. Actualmente, se castigan con sanciones.
Los abogados también han puesto sobre la mesa la opción de eliminar el mínimo de 400 euros que se tienen que sumar en los tres antecedentes para agravar un delito leve de hurto. Según han explicado en rueda de prensa y previamente había dicho la jueza decana de Barcelona, en muchos juzgados la comprobación del importe de estas sentencias es complicado y tardan. Incluso en muchas ocasiones no llega a poder aplicarse un agravante de reincidencia porque el juicio se celebra antes y no se puede comprobar si los objetos sustraídos superan los 400 euros.
Problemática en Barcelona
La delincuencia en Barcelona aumenta cada año a pesar de que la actividad policial y el número de detenciones también lo hace. Una problemática y un “despropósito” que preocupa al Ayuntamiento de Barcelona, tal y como ha declarado en repetidas ocasiones el alcalde Jaume Collboni y al resto de formaciones políticas, que pactaron en febrero una comisión de estudio para analizar reformas legislativas contra la multirreincidencia.
Durante la sesión, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, reconoció que los datos de criminalidad no son buenos y que se han detenido a más de 500 personas reincidentes. Sin embargo, añadió que, aunque la actuación policial es correcta, se necesitan reformas “importantes” en las leyes procesales y penales para acabar “con la sensación de impunidad”.
La inseguridad es también la principal preocupación de los ciudadanos de Barcelona, que así lo señalaron en el barómetro municipal de diciembre –el primero en la era Collboni- con un 27,7%.
Okupación ilegal
La otra propuesta del colegio de abogados se ha centrado en la ocupación delincuencial de viviendas. Durante el acto, el ente ha recorado que se han pasado de tener 2.700 al año en toda a España a las 17.200 de 2021. En el primer semestre de 2022 hubo 10.220 ocupaciones ilegales, de las cuales 4.341 ocurrieron en Cataluña, convirtiéndola en la comunidad autónoma más afectada.
A raíz de estos datos, el colegio ha propuesto una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se consideren los delitos de violación de domicilio y usurpación de bienes inmuebles como delitos de consumación permanente.
Este cambio implicaría que el delito se prolonga en el tiempo mientras se mantenga la ocupación y permitiría aplicar el principio de delito flagrante. De esta manera, se podrían dictar medidas cautelares como la devolución del inmueble al propietario en 48 horas. En el caso de las empresas, estas podrían pedir esta medida siempre que suponga un “riesgo de pérdida relevante de bienes jurídicos” para la compañía.
Según ha explicado Cristina Vallejo, coordinadora de formación del ICAB, actualmente los procesos de desalojo tardan unos 20 meses, una cifra que favorece a aquellos que ocupan pisos para realquilarlos ilegalmente.
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