Las escuelas de Ecuador funcionan desde este lunes de manera presencial en su totalidad, después de que paulatinamente hayan regresado a las aulas los últimos centros educativos que faltaban, tras cerca de dos meses en clases a distancia por el "conflicto armado interno" decretado en el país contra el crimen organizado.
El Ministerio de Educación ha detallado en un comunicado que ya han vuelto a la presencialidad las 31 escuelas que hasta ahora seguían con clases telemáticas y que representan el 0,19% de los establecimientos educativos a nivel nacional. Estos centros se encontraban en la zona andina y amazónica de Ecuador, y 21 se ubicaban en la capital Quito, con 6.251 estudiantes y 365 profesores.
La cartera del sector educativo ha dispuesto además que todas las escuelas apliquen los "lineamientos para la prevención, preparación y respuesta ante la presencia de eventos peligrosos asociados a conmoción social en el sistema educativo a nivel nacional". El Ministerio ha precisado que estas pautas permitirán que las escuelas "respondan de forma organizada y sistemática a los efectos negativos de estos eventos, con la finalidad de reducir los riesgos y prevenirlos".
El "conflicto armado interno"
Las escuelas de Ecuador pasaron a impartir clases a distancia por medios telemáticos tras el 9 de enero, cuando se registró una oleada de atentados y acciones violentas de acciones criminales que llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar el "conflicto armado interno" contra el crimen organizado. En esos episodios se dio la toma del canal TC Televisión por parte de un grupo armado durante una emisión en directo y motines simultáneos en diversas cárceles con unos 200 rehenes entre guardias carcelarios y policías que permanecieron retenidos cerca de una semana hasta ser liberados.
Con el inicio del estado de excepción, las bandas criminales que operan en el país, principalmente dedicadas al narcotráfico, pasaron a ser consideradas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas. Así el Gobierno busca aplacar el auge de la violencia en el país, que en 2023 se situó como uno de los países más peligrosos de Latinoamérica con una tasa de unos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes.
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