Habrá ley de amnistía, el preanuncio fue realizado por el propio Carles Puigdemont en la última reunión del fantasmagórico Consell de la República. Muy pocos en el mundo independentista habrían entendido un rechazo cuando el beneficio para decenas de personas con juicios pendientes es indudable. Además, en junio hay europeas y Junts necesita presentarse como una fuerza radical, pero no intransigente. El fugado a Waterloo volverá a ser candidato, y la amnistía será su trofeo, sin renunciar a la promesa de poner en "práctica" la unilateralidad. Por su parte, el PSOE lleva meses tratando a Puigdemont en condición de ‘president’ y ‘exiliado’ porque la amnistía es la condición para que Junts siga apoyando al Gobierno y haya presupuestos. Sánchez necesita transmitir que la legislatura sigue viva en un momento de "crisis y angustia", como lo ha descrito el socialista aragonés Javier Lambán, tras el varapalo de las gallegas y el serial del escándalo de corrupción Koldo/Ábalos.
Al Gobierno le urge cerrar ya la carpeta de la amnistía, cuya inmoralidad se intenta externalizar afirmando que el PP también la otorgaría si le fuera necesario, o haciendo pasar el preliminar informe de la Comisión de Venecia como un aval a la ley, cuando no es así. Veloz fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en dar esa interpretación a partir de algunos titulares de la prensa amiga. El dictamen, todavía provisional, pero que se filtró a los medios, no rechaza la amnistía en abstracto como fórmula para la reconciliación y la restauración de la paz social. Ahora bien, pone en duda que eso suceda en España, tanto por la situación que ha llevado a proponer esa concreta ley de amnistía, es decir, a cambio de la investidura de Sánchez, como por el enorme debate y la fuerte división sociopolítica que ha generado. Otros aspectos importantes que el informe señala, pero que el Gobierno y los independentistas han ignorado, son la asunción de responsabilidades por parte de los que van a beneficiarse, que siguen sin arrepentirse de nada ni pedir perdón, y el no-lugar en el que quedan los catalanes no separatistas, cuya exclusión evidencia que es una amnistía sin reconciliación, fruto de una componenda.
La Comisión de Venecia no solo duda del fondo de la ley, sino que cuestiona abiertamente la forma. La vía de urgencia no es la más adecuada para el objetivo que dice perseguir. Aún más, el dictamen propone que antes debiera efectuarse una reforma constitucional a fin de que no haya dudas sobre su encaje. Por tanto, lejos de avalar la amnistía para Puigdemont, la pone en cuarentena. Pero como la verdad no importa, y la ley llega a su recta final, desde el coro gubernamental se insistirá en que supone un espaldarazo.
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