Un pleno del Consell extraordinario ha dado a última hora de la tarde de este lunes luz verde a las ayudas de la Generalitat valenciana por un importe global cercano a los cuatro millones de euros dirigidas a los damnificados por el trágico incendio de Campanar, Valencia. 

El presidente Carlos Mazón, que ha comparecido en el Palau junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras celebrar también una reunión de coordinación entre ambas administraciones, ha explicado que los interesados no tendrán que solicitarlas, ya que las cuantías se abonarán de oficio mediante cheque o transferencia bancaria una vez la ventanilla única ubicada en el edificio municipal de Tabacalera identifique a todos los afectados.

El paquete de ayudas se divide en dos grandes grupos: el primero, de aplicación inmediata, prevé 1,4 millones de euros para ayudas de emergencia destinadas a artículos de primera necesidad que irán de 6.000 a 10.000 euros en función del número de miembros de la unidad familiar; así como 2,5 millones para ayudas al alquiler, que podrán alcanzar los 1.500 euros al mes y cuya duración será de un año para propietarios y de tres meses para inquilinos. Ambas modalidades están ya en vigor tras la publicación anoche del acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

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El segundo grupo se articulará mediante un decreto ley que el Consell aprobará este martes y que enviará de inmediato a Les Corts para su convalidación y que incluye exenciones fiscales y transporte público gratuito. En el primer caso, se aplicará el tipo cero del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de vivienda y una exención del canon de saneamiento del agua desde febrero de 2024. En el segundo, el transporte de Ferrocarrils de la Generalitat y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia será gratis durante un año para los damnificados.

Otras medidas sociales consistirán en la reubicación preferente de las personas en situación de dependencia que vivían en el edificio de Campanar en residencias y centros de día, así como la asistencia psicológica continuada o la preferencia en la escolarización de aquellos alumnos que tengan que cambiar de centro. Además, Sanidad empezará a proporcionar desde este martes la nueva tarjeta sanitaria SIP a los vecinos del inmueble siniestrado.

"Somos conscientes de que ningún decreto va a reparar lo irreparable, pero sí podemos y debemos estar presentes para atenuar el daño", ha afirmado Mazón, que ha añadido que los damnificados por la tragedia "no han estado, no están y no van a estar solos". Catalá, por su parte, ha agradecido al Consell "la eficacia, rapidez y eficiencia" para poner en marcha unas ayudas "muy necesarias con carácter de urgencia".

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La alcaldesa ha explicado que tanto Mazón como ella se han puesto en contacto con los familiares de los fallecidos para transmitirles el pésame y ha afirmado que "gran parte de las medidas aprobadas" van dirigidas "también a ellos". Además, ha dado las gracias a los valencianos, a empresas, entidades y colectivos por las muestras de solidaridad de los últimos días.

Las ayudas de la Generalitat serán compatibles entre ellas, es decir, con las distintas modalidades (de urgencia, para vivienda, fiscales, al transporte) y también con las indemnizaciones que, en su caso, abonen las compañías aseguradoras a los damnificados, según ha confirmado el jefe del Consell.

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Unidad política

Desde los grupos de la oposición se ha mostrado unidad política tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento para afrontar la tragedia. En el primer caso, el PSPV pide asistencia jurídica gratis, avales para compra o alquiler de vivienda e inspección de edificios, y Compromís una comisión de estudio para esclarecer los hechos. En el Consistorio, PP, Compromís y PSPV han retirado las mociones del pleno de febrero que se celebra hoy en señal de luto: "No es momento de partidos", han manifestado.