Las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador han decomisado 2.274 armas de fuego en operaciones conjuntas desde que el pasado 9 de enero el Gobierno aplicó un estado de excepción y decretó el "conflicto armado interno" para frenar la espiral de violencia atribuida al crimen organizado en el país.
Así lo señaló este domingo el llamado Eje de Seguridad, integrado por mandos militares, policiales y del Gobierno, en un informe en el que también detalló que en los últimos 34 días se han incautado 11.988 explosivos, 153.638 municiones, 1.221 alimentadoras (cargadores de balas) y 3.241 armas blancas.
El Eje de Seguridad fue constituido por el Gobierno en el marco del llamado Plan Fénix y ampara el estado de excepción de sesenta días que concluirá a principios de marzo.
Hasta ahora, en el marco de dicho plan se han ejecutado 88.861 operaciones conjuntas entre policías y militares en todo el país, 146 de ellas contra bandas criminales denominadas ahora por las autoridades como grupos terroristas, y en total ha detenido a 7.275 personas, 241 del ellas bajo cargos de terrorismo.
En esas operaciones, ejecutadas tanto en las cárceles como en las calles del país, las fuerzas de seguridad han abatido a ocho personas a las que han identificado como terroristas, han fallecido dos agentes de la Policía y no se han registrado bajas en las filas castrenses.
También han logrado recapturar a 34 reos de los casi 90 que se fugaron de las cárceles donde, a comienzos de año, ocurrieron varios motines de reclusos.
Al declarar el "conflicto armado interno", el Gobierno del presidente Daniel Noboa identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó "como organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes".
Al ubicar a esos grupos como beligerantes, el mandatario abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas junto con la Policía actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.
La espiral de violencia en Ecuador se desató cuando aparentemente el presidente de Ecuador se disponía a poner en marcha su Plan Fénix contra el crimen.
En principio, esa estrategia buscaba recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades dejaron más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Esta extrema violencia también se trasladó a las calles, hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.
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