Hubo un tiempo en España en el que las agitaciones campesinas, la polémica sobre la propiedad de la tierra y la cuestión agraria marcaron la acción política e institucional de los gobiernos de turno. De eso hace mucho tiempo y hoy en los medios de comunicación ya nadie recuerda los avatares de aquel campesinado insurgente. Nadie habla de campesinos; se lleva más citarlos como agricultores, ganaderos o granjeros. 

Precisamente son los herederos de aquellos hombres del campo los que están en pie de guerra en media Europa y, en breve, lo van a estar también en España. 

En París, Berlín, Bruselas y otras ciudades los tractores colapsan las calles y bloquean autopistas. El problema ya no radica en la propiedad de la tierra como antaño, sino en determinadas políticas económicas de la Unión Europea y en los acuerdos de libre comercio que Bruselas ha firmado con terceros países. Se quejan los agricultores del mercado desregulado que permite importar productos extracomunitarios a bajo precio contra los que ellos no pueden competir. 

Así las cosas, lo peor que le puede pasar al proyecto europeo es que su ciudadanía empiece a pensar que formar parte de la UE genera más inconvenientes que ventajas, que lo de Ucrania y la sequía no lo justifica todo y que, a fin de cuentas, nadie defiende sus intereses. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, debe mover ficha de inmediato aquí y en Bruselas. En España, aunque sea por mimetismo, la situación del campo ya ha devenido un grave problema.