El Govern ha sometido ya a la fase de información y audiencia pública el anteproyecto de ley integral de reconocimiento al derecho a la identidad y expresión de género, la ley trans catalana. En el ámbito administrativo, este establece que las administraciones públicas tienen que incorporar a los formularios y documentos oficiales, como el DNI, una tercera casilla para el género 'no binario', junto a las de hombre y mujer.
También se prevén soluciones para que las personas sean tratadas de acuerdo con el nombre y su identidad de género manifestada, aunque sean menores de edad, y sin la necesidad de ningún informe médico o psicológico.
Además, el articulado establece que las administraciones tienen que garantizar la formación y sensibilización de todo su personal adscrito para asegurar una actuación correcta de las personas que prestan servicios en los ámbitos incluidos en esta ley. Será requisito obligatorio de los trabajadores que llevan a cabo tareas de prevención, detección, atención, asistencia y recuperación en los ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, los servicios sociales, la justicia, los cuerpos de seguridad, el deporte, el ocio y la comunicación.
Asimismo, las administraciones tienen que incorporar cláusulas dirigidas a la promoción de la no discriminación de las personas trans, como criterios de adjudicación o condiciones especiales en los concursos para contratos públicos y subvenciones.
Mediación si los padres rechazan los tratamientos
El anteproyecto de la nueva ley 'trans' del Govern de Cataluña también contempla que, entre los 12 y los 16 años, pueda haber una mediación si los padres del menor, de entrada, rechazan los tratamientos médicos para la transición.
La ley reconoce el derecho a la identidad y la expresión de género de las personas trans y permite articular una serie de políticas públicas para garantizar sus derechos en los diferentes ámbitos de la sociedad (tanto públicos como privados), así como en todas las etapas de su vida (niños, adolescentes y jóvenes, o personas mayores).
En cuanto a los menores 'trans', la ley establece que tienen derecho a expresar su opinión y voluntad en la toma de decisiones, "siempre que tengan la madurez suficiente para formarse un juicio propio".
En este sentido, establece que antes de los 16 años debe haber consentimiento del menor y de sus padres o representantes legales; a partir de esa edad, ya no es necesario tener el visto y bueno de los progenitores.
"Como norma general, y especialmente en el caso de los mayores de 12 años y hasta que hayan cumplido los 16, debe asegurarse que la decisión final respete la opinión de la persona menor y que sea compartida con sus representantes legales. En caso de discrepancia, puede acudirse a mediación", destaca el texto.
Incluye medidas contra la transfobia y la intersexfobia
Además, la Generalitat plantea un programa para atender la situación de aquellas personas trans expulsadas de sus hogares por su identidad de género o que se encuentran en situación de sinhogarismo. También reconoce el derecho a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a aquellas personas transgénero entre 18 y 23 años víctimas de violencia por razón de identidad de género.
Asimismo, fija el principio de despatologización de las personas trans, a fin de que ningún derecho reconocido en la ley esté condicionado a la presentación previa de informes médicos o psicológicos.
Incluye medidas contra la transfobia y la intersexfobia, pues prohíbe explícitamente la apología, el fomento, la publicidad o la práctica de métodos o terapias de aversión o conversión, haciendo punible esta práctica también por la vía administrativa al ser considerada una infracción muy grave.
Acceso a reproducción asistida
En el ámbito sanitario, el anteproyecto remarca que el sistema de salud pública de Cataluña tiene que atender a las personas trans e intersexuales de acuerdo con los principios de libre autodeterminación de género, no-discriminación y asistencia integral.
Las personas en situación administrativa irregular tienen derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación en la atención del sistema de salud, sin que los requisitos de acceso al empadronamiento suponga una limitación para acceder.
La administración tiene que garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas trans y con capacidad gestante y sus parejas, en régimen de igualdad y no-discriminación.
Asimismo, la Generalitat debe ofrecer una cartera de servicios quirúrgicos que permitan la modificación de la persona trans. En general, se establece la obligación de establecer un modelo de atención en la salud de las personas trans y también de las intersexuales.
El texto pasará a deliberación del Consell Executiu
El articulado del anteproyecto para la nueva Ley integral de reconocimiento del derecho a la identidad y la expresión de género ya está publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), abierto a consulta pública.
Este proceso, habitual en toda tramitación de leyes, tiene por objetivo la participación de la ciudadanía, entidades, colectivos no constituidos formalmente y de otros agentes sociales para identificar los principales estigmas y discriminaciones que sufren las personas transgénero en diferentes ámbitos de la sociedad, así como fijar las respuestas legales necesarias para revertir estas situaciones.
El anteproyecto pasó el pasado 19 de diciembre por el Consejo Técnico de la Generalitat e iniciará próximamente su fase de información y audiencia pública para que se puedan realizar alegaciones al texto. Una vez recogidas, se hará el retorno de las alegaciones y el texto resultante pasará a deliberación del Consell Executiu para convertirse en Proyecto de Ley, momento en el que se enviará al Parlament para su debate y votación.
El proyecto está condicionado por el calendario electoral. Habrá que ver si tiene el tiempo y los apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante antes de que termine la legislatura, pues las elecciones autonómicas están previstas para principios de 2025, si no hay adelanto.
Infracciones y régimen sancionador
La ley incluye un régimen sancionador con tres tipos de infracciones. Para las leves, contempla una multa de entre 300 y 10.000 euros; para las graves, de entre 10.001 y 40.000 euros, y para las muy graves, de entre 40.001 euros y 500.000.
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