Los tres partidos que gobiernan en la Generalitat y CiU están de acuerdo en los principios generales del Estatut: derechos y deberes de los catalanes, nueva estructura del Poder Judicial y regulación de las instituciones de Catalunya.

Los cuatro convergen en la consideración de Catalunya como nación y en la necesidad de establecer un principio de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y la Generalitat.

Además, coinciden en que existe la obligación de que se reconozcan los derechos históricos del pueblo catalán y el deber de conocer la lengua catalana, ya que es el idioma usado en las administraciones públicas y medios de comunicación de la región.

Tripartito y CiU también están de acuerdo en que algunas competencias como las de aguas, obras hidraúlicas o cajas de ahorros sean atribuidas exclusivamente a la Generalitat.

Asimismo, pretenden que se le otorgue a la Generalitat el ejericio de todas las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al Gobierno central.

Sin embargo, existen dos materias en las que no todos están conformes: la financiación y el blindaje de competencias.

Respecto a la primera, CiU quiere un concierto parecido al vasco en el que Catalunya recaude sus impuestos y pague cada año un cupo al Estado, algo que no aceptan ni PSC ni PSOE.

El blindaje de competencias otorgaría a Catalunya la capacidad de imposibilitar la intervención de la Administración central, algo que tampoco hace demasiada gracia en el seno socialista.