La contratación pública de la Administración de la Generalitat durante el año 2022, el último completo del Botànic, registró "incumplimientos significativos" de la normativa e "incidencias importantes", según ha detectado la Sindicatura de Comptes en su informe relativo a ese ejercicio. En la auditoría, el organismo fiscalizador ha puesto un especial énfasis en la fase de ejecución de los contratos, y ha incluido la fiscalización de los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto sobre una muestra de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que estaba en manos del PSPV, y la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de Compromís.

Según detalla el órgano estatutario, en la mayoría de los expedientes revisados ha encontrado "incidencias importantes" que tienen que ver con las condiciones especiales de ejecución, los criterios de adjudicación y las mejoras. Además, destaca que la mayor parte de las consellerias no disponen de un procedimiento formal para cumplir el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), es decir de "medidas adecuadas para detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses de todo el personal que participa en el proceso de licitación". Además, destaca que los medios personales de los departamentos del Consell "son insuficientes o no tienen la formación necesaria, para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública".

Respecto a los incumplimientos en los contratos no menores, el informe apunta a la falta de definición del objeto del contrato y de las necesidades que se pretenden cubrir, sostiene que los contratos no contienen un precio cierto o que no se justifica adecuadamente la elección de los criterios para adjudicarlo. Tampoco se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia o de emergencia y tampoco se incluye la información necesaria para que los interesados puedan recurrir

Por otra parte, durante el ejercicio 2022 se han tramitado 611 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un total de 1.357,7 millones de euros. De dicho importe, un 82,8% correspondieron a la Conselleria de Sanidad, un 11,8% a la Conselleria de Igualdad y un 3,4% a la Conselleria de Hacienda. Estos gastos corresponden a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y que se han ejecutado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Contratos menores

La Sindicatura denuncia que, en la mayoría de expedientes de contratos menores, los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato. Esta "deficiencia" es "importante" porque el valor fija el tipo de procedimiento.