Los vecinos de Carabanchel llevan casi un año movilizándose contra la instalación del nuevo cantón de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid planea levantar cerca del centro comercial Islazul. Las protestas pararon temporalmente cuando el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, anunció que paralizaba algunos de estos proyectos para buscar una parcela alternativa. Sin embargo, los residentes de este PAU no lograron ningún acuerdo con el Ejecutivo municipal, por lo que los planes se mantienen. Esto les motivó a acudir al Defensor del Pueblo. Todavía no han logrado su objetivo, pero sí que desde esta institución exijan al Consistorio informes que justifiquen los motivos por los que prevé construir en este punto el nuevo cantón y el tipo de actividad que se llevará a cabo en él, aunque desde Cibeles defienden que es un "procedimiento habitual".
En concreto, el departamento que encabeza Ángel Gabilondo ha solicitado al Ayuntamiento un "informe de los motivos que aconsejan la ubicación elegida como la más idónea para instalar el cantón". Además, quiere saber si esta nueva instalación responderá a las necesidades de los vecinos de Carabanchel, a pesar de que existen "otros dos cantones de limpieza a menos de 700 metros en el polígono industrial de Aguacate".
El Defensor del Pueblo ha pedido otro informe en el que el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad detalle "la actividad que se va a desarrollar en el cantón de limpieza, así como, si esta incluye actividad de tratamiento de residuos que exijan la tramitación de un informe de impacto ambiental". El último documento que exigen al Ejecutivo municipal es otro informe en el que indiquen el "tiempo en el que van a permanecer los residuos en la instalación y de las molestias e impactos que pueda causar la instalación", así como de "las medidas adoptadas para prevenirlas y minimizarlas".
Una vez que el Defensor del Pueblo reciba toda esta información, tomará las "actuaciones" que considere pertinentes.
Ante la llegada de esta carta de Gabilondo, fuentes municipales aseguran que es parte del "procedimiento habitual" y que, una vez que envíen la información solicitada, la respuesta del Defensor del Pueblo será la misma que la que dio a los vecinos de La Elipa. "En buena parte, es extensible a la situación de construcción de todos los cantones", señalan.
En aquella ocasión- la de La Elipa-, Gabilondo expuso a los vecinos denunciantes que esta instalación era necesaria debido a que "el interés general de la prestación del servicio ha de primar sobre los posibles intereses particulares". Además, argumentó que "la decisión de ubicar los cantones de limpieza es una potestad discrecional del Ayuntamiento", así como que es una obligación municipal el prestar el servicio de recogida de residuos urbanos.
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