El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que defenderá "como corresponde a la más alta representación" de la institución, a "cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones", incluyendo a los que "hayan intervenido en las causas relacionadas con el procés". 

Tras conocerse las alusiones al lawfare en el pacto de investidura firmado por PSOE y Junts, García Ortiz se vio enfrentado a 18 fiscales del Tribunal Supremo que le acusaban de "ignorar deliberadamente" el ataque que suponía el mencionado acuerdo. Los fiscales reclamaron al máximo eslabón de la carrera que denunciara públicamente el acuerdo y este se negó a pronunciarse antes de que entre en vigor la ley de amnistía. 

A lo que los fiscales del Supremo respondieron mostrando su "decepción". "No ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés, para sí y para los fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a los que están siendo sometidos", apuntaron.

Desde entonces, el fiscal general ha dado a entender en más de una ocasión que su posición está de lado de los fiscales y en "defensa de la carrera". Así, este lunes ha reiterado su apoyo "a los 2.695 fiscales que hay en España, especialmente a aquellos fiscales que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales. Y cómo no, a todos vosotros (Fiscales Superiores)".

El Consejo Fiscal abordará la petición de amparo

El próximo 20 de diciembre el Consejo Fiscal abordará la petición de amparo a los fiscales del procés frente a las acusaciones de lawfare en el pacto de Junts y el PSOE. Atendiendo a la solicitud de seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) a la que se unió la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Consejo ha añadido el "análisis" de estas acusaciones en el orden del día del próximo Pleno, según ha informado Europa Press. 

En el Pleno se discutirá la denuncia de la AF, que señaló que el acuerdo de investidura pone en entredicho la "adecuación a los principios constitucionales" de los fiscales que han participado (o aún lo hacen) en las causas relacionadas con el procés.