El Gobierno valenciano ha apartado a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tras conocerse la semana pasada su posible incompatibilidad y el cobro de dietas de hasta 40.000 euros en total durante los ocho años en los que ejerció ambas responsabilidades. El pleno del Ejecutivo autonómico ha formalizado este martes el cese de Piñero, que presentó su dimisión por carta el 25 de septiembre, antes de trascender el contenido del informe de la Abogacía de la Generalitat sobre la imposibilidad legal de compatibilizar el escaño europeo con el asiento en el órgano portuario.

Según ha explicado la portavoz del Consell, Ruth Merino, "estaba previsto hacer cambios en el consejo de administración del puerto, pero estos acontecimientos [la investigación por posible incompatibilidad] han precipitado un poco la decisión porque consideramos que son lo suficientemente graves como para apartar a Inmaculada Rodríguez-Piñero cuanto antes", ha expuesto. "Y la Conselleria de Medio Ambiente ha considerado que el momento era ahora", ha añadido. Además, la también consellera de Hacienda ha indicado que el resto de nuevos miembros del consejo de administración de Valenciaport se designarán "en breve".

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, que ordenó abrir una investigación por presuntas incompatibilidades, han explicado que Rodríguez Piñero "dimitió, pero ahora es cuando tiene efectos formales". Y eso ha hecho este martes el pleno al tener conocimiento de la incompatibilidad, ya que, de lo contrario, se habría tramitado al mismo tiempo que el resto de vocales, que hay que renovar o ratificar, señalaron las mismas fuentes.

Por su parte, Piñero replicó en redes sociales que el Consell no la "aparta de nada". "Como mucho habrán aceptado mi dimisión que presenté a la consellera Pradas hace dos meses. Mi dimisión es del 25 de septiembre. No he asistido a ningún consejo desde ese día, casi dos meses antes de que se pusiera en cuestión mi compatibilidad", enfatizó en un mensaje en el que adjuntó su carta de dimisión dirigida a la consellera Salomé Pradas.

Según trascendió hace una semana, la Abogacía de la Generalitat concluyó en un informe, con fecha del 15 de noviembre, que la condición de eurodiputada de Inmaculada Rodríguez-Piñero resultaría incompatible con el cargo de vocal de la Generalitat en el consejo de administración del puerto de Valencia, una responsabilidad que ocupó desde 2015, nombrada por el anterior gobierno autonómico de Ximo Puig, y hasta el pasado septiembre. Durante este periodo cobró 40.000 euros brutos.

El informe de la Abogacía, de 16 páginas de extensión, se redactó para responder a tres preguntas planteadas por el subsecretario de Presidencia: la posible incompatibilidad entre la condición de eurodiputada y de vocal del consejo de la APV, sobre las posibles consecuencias de esta situación en relación con la validez de los acuerdos y sobre la percepción de dietas por asistencia por parte de la parlamentaria. En los tres casos, la Abogacía, remitiéndose a la legislación aplicable, es contundente: ser eurodiputado y vocal del consejo de la APV "es incompatible", los acuerdos no firmes podrían verse afectados y ser impugnados si el voto de Rodríguez-Piñero hubiera sido decisivo, y la percepción de dietas también es incompatible.

La eurodiputada socialista lamentó entonces "profundamente" esta situación, que aseguró que era "absolutamente desconocida" para ella y que contradice su "comportamiento intachable demostrado a lo largo de 40 años de servicio público", al tiempo que afirmó que "sin lugar a dudas" atenderá "cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa".

El PP lleva el caso a Les Corts

El grupo popular solicitó la semana pasada el informe de la Abogacía de la Generalitat que sostiene que los cargos de eurodiputada y vocal del consejo de la Autoridad Portuaria que ejerció Rodríguez-Piñero son incompatibles. De este modo, los populares llevan a Les Corts la petición de documentación para, en su caso, exigir responsabilidades políticas a la europarlamentaria socialista, que fue nombrada para el cargo en 2015 por el entonces president Ximo Puig.

Puig se escuda en la APV

Por su parte, el líder del PSPV, Ximo Puig, se escudó en que ni el Consell que presidía ni la Autoridad Portuaria vieron incompatibilidades y añadió que durante ocho años ninguna instancia planteara esta situación. De hecho, apuntó al puerto, "que es finalmente quien tiene aceptar a un miembro que va vinculado a una parte representada en el consejo de administración", manifestó. En estos años, enfatizó, "nadie" ha planteado esa incompatibilidad "y se supone que los servicios jurídicos del puerto lo habrán analizado adecuadamente". Es más, Puig explicó que la decisión del nombramiento de la eurodiputada como vocal en el consejo del puerto a propuesta del Gobierno del Botànic fue una decisión "acertada".