En marzo de 2019, a un mes de las elecciones a la alcaldía de Madrid, el Gobierno de Manuela Carmena aprobó un Plan especial de Hospedaje para regular el alojamiento turístico de la ciudad. Una norma que al establecer, entre otras exigencias, una entrada independiente a la del resto de vecinos, iba a afectar al 95% de los apartamentos temporales del centro de la capital, según sus cálculos. En la letra pequeña de aquel proyecto también se fijaba un plazo de cuatro años para analizar su evolución. Pero ni un mes después, una coalición de PP y Cs, con el apoyo externo de Vox, apeó a la izquierda del Ayuntamiento. Y el problema de los pisos turísticos cambió de manos.

Superado el margen de tiempo que se dio la norma de Carmena, los servicios municipales que hoy lidera el popular José Luis Martínez-Almeida han iniciado el diagnóstico de la situación de las viviendas de uso vacacional (en sus siglas, VUT) en Madrid. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, compartió la semana pasada las primeras conclusiones: hay 628 pisos turísticos con licencia urbanística en toda la urbe. ¿Muchos? ¿Pocos? De acuerdo con la plataforma Arbnb Inside, en el municipio hay 15,642 viviendas de este tipo. Por lo que el 4% son legales. O 1 de cada 25.  

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El 'boom' de los apartamentos turísticos explotó hace más de una década en Madrid. Primero, en el Centro, que reúne alrededor del 50% de la oferta de toda la urbe (7.801). Y, poco a poco, se fue extendiendo hacia sus distritos limítrofes. Su actividad ilegal repercute en el alza de los precios del alquiler tradicional, supone una competencia desleal para el sector hotelero y es una fuente de molestias para muchos vecinos. La pandemia concedió un respiro, pero en 2022 el problema se recrudeció.

La denuncias a pisos turísticos han crecido un 70% en el último año

La prueba está en que las denuncias por VUTs se han disparado en la capital un 70,92% en doce meses, pasando de las 282 entre enero y septiembre de 2022 hasta las 482 registradas en el mismo periodo de 2023, según consta en el último informe de gestión de la Agencia de Actividades que adelantó ABC. Este organismo ha recibido un total de 1.015 escritos, de los cuales casi la mitad son denuncias y en su mayoría, 410 de esas 482, quejas vecinales. Esto refleja un incremento del 68% respecto al año pasado. Las 72 restantes proceden de la Policía Municipal, Medio Ambiente o de las juntas de distrito, que también han aumentado un 89%.

Tras ganar las municipales en mayo con mayoría absoluta, el alcalde José Luis Martínez-Almedia inició su segundo mandato con las manos libres para combatir la actividad ilícita de los apartamentos vacacionales, hasta hora bajo la batuta del concejal de Cs, Mariano Fuentes. Almeida traspasó esos poderes a su hombre de mayor confianza, el delegado Carabante, confiándole como primera misión la modificación de las normas urbanísticas. El texto, redactado por su predecesor, fue aprobado. Aunque, en materia de urbanismo turístico, por falta de tiempo, solo acabó refrendando la normativa de Carmena. 

La nueva normativa de Almeida

Por eso, hace algunas semanas, Almeida anunció la redacción en "tres o cuatro meses" de una legislación "más eficaz" a la que aprobó Carmena en 2019. Sus ejes centrales serán "el descanso y el bienestar vecinal", dijo el regidor sin dar más detalles. Carabante explicó la semana pasada en qué fase se encuentran: "Estamos analizando cuál es la situación actual en la ciudad de Madrid: cuál es su porcentaje en cada uno de los 21 distritos, cuáles tienen licencia para poder tomar una decisión...".

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Desde el equipo de Almeida consideran que la normativa de Carmena "no es suficiente"

A lo que añadió: "Todos sabemos que hay miles de viviendas que están prestando servicio. Por tanto, la normativa [del Ejecutivo de Carmena] no es suficiente y no se está ajustando a la legalidad de la ciudad". Con la nueva norma, agregó, "pretendemos marcar un escenario que permita no solo afrontar el reto de cómo regularizar los pisos sin licencia, sino sobre todo saber hacia donde tiene que ir la ciudad de Madrid".

La hoja de ruta está clara. Primero, los servicios técnicos finalizarán el "diagnóstico". Después, a lo largo de las próximas semanas, se ha constituido "un grupo de trabajo con las distintas áreas, Turismo, Seguridad y Medio Ambiente, para configurar cómo deben ser dichas medidas", concluyó Carabante.

¿Faltan inspectores?

Para ofertar un inmueble de uso turístico en la ciudad son necesarias dos requisitos legales, explica el abogado de Legalitas Juan Tenorio: una declaración responsable que expide la Comunidad de Madrid y una licencia del Ayuntamiento. "Incumplir estas normas puede acarrear una multa que asciende hasta los 3.000 si es leve, o los 300.000 en caso de ser muy grave, según la ley autonómica 11/1999 de Ordenación del Turismo".

La líder de Más Madrid, Rita Maestre, explica a este periódico que la ciudad "ya tiene una buena regulación". "La aprobamos cuando gobernábamos en 2019; lo que no tiene es un alcalde que la cumpla", denuncia. "Almeida recortó el servicio de inspección para que la normativa fuese papel mojado, y, no contento con eso, ha convertido el centro de la ciudad en una selva, expulsando a los vecinos y favoreciendo a las grandes propietarias y fondos buitre".

La multa por operar sin licencia puede llegar hasta los 300.000 € en los casos más graves"

En la misma línea, Azael Babiano, socio del despacho Duroa Abogados, considera que la proliferación de los pisos turísticos "está bien regulada", el "problema" es que desde la administración no se aplica. "En la práctica, el Ayuntamiento solo actúa ante las demandas de los vecinos, pero no de oficio. Falta voluntad política", señala el abogado, quien considera que con el Plan especial de Carmena "estadísticamente" se acabaría con la ilegalidad de "gran parte" de la actividad ilegal. "A lo que hay que dedicar fondos es a realizar inspecciones, a investigar".

Desde el Área de Urbanismo, explican que el Plan de Carmena introdujo un total de 22 personas dedicadas a la labor de inspección de VUTs "a través de contrataciones de empleo temporal por un máximo de tres años". Pasado ese tiempo, "se funcionarizó a 13 de estos trabajadores", cifra que se amplió hasta las 20 personas con otras contrataciones temporales, primero, y que se volvió a reforzar mediante otro programa de empleo temporal con 21 empleados adicionales, a finales de 2022.

No obstante, existe "una baja efectividad de las inspecciones porque el ejercicio de la actividad de viviendas turísticas se oculta, siendo indetectable su ejercicio durante la inspección urbanística", arguyen. 

La lucha del movimiento vecinal

"Ante la falta de control de los pisos turísticos", varias asociaciones vecinales, como La Corrala de Lavapiés, Sol y Barrio de Las Letras o Las Cavas-La Latina, se unieron a la FRAVM hace un mes para crear la nueva Oficina de Información Vecinal de Afectados por las VUT, cuenta su director, Víctor Rey. En el poco tiempo que llevan abiertos en el número 38 de calle Lavapiés, han atendido a todo tipo de peticiones de ciudadanos, "desde el barrio Salamanca hasta Puente de Vallecas".

"Los conflictos aparecen por doquier". Uno de los más recientes, expone, ocurrió en la zona de Tirso de Molina. "Un propietario explotaba un piso turístico sin licencia; cuando los vecinos de la comunidad se quejaron, compró el local de abajo, rompió techo y unificó ambas plantas para abrir una puerta en la fachada". Víctor señala que están empezando a encontrar "barbaridades" como esta. Ante las que, advierte, "no nos vamos a quedar en una simple denuncia administrativa, vamos a llegar más lejos". "Si mañana aparco con el coche donde no debo, me van a multar. ¿Por qué con los pisos turísticos no se aplica la ley con la misma severidad?".