La autoridad que propugna Aguirre no frena las agresiones a profesores en Valencia

  • Tienen más autoridad por decreto, pero se les agrede como antes.
  • La Generalitat atiende a 37 docentes maltratados desde mayo de 2008, cuando entró en vigor el decreto que los equipara a policías.
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Los profesores valencianos tienen la consideración de autoridad pública desde mayo de 2008, cuando la Generalitat aprobó el Decreto de Convivencia para los centros educativos. Pese a ello, desde entonces han sido agredidos 37 docentes, un volumen similar al que se registraba antes de entrar en vigor la norma, según confirman fuentes de la Conselleria de Educación.

"La consideración de autoridad pública no repercute directamente en el número de agresiones a profesores, sino en la mejora del clima en los centros", explican estas mismas fuentes. De hecho, todos han elaborado su plan de convivencia, que regula aspectos como el uso de los teléfonos móviles y fija la resolución de conflictos a través de equipos de mediación compuestos por alumnos.

Del conjunto de agresiones, la mayoría son de tipo verbal graves. No obstante, una de ellas fue un bofetón de una madre a una maestra sin mediar palabra, y otra consistió en amenazas por correo electrónico. En los casos en que el juez considere la conducta como atentado a la autoridad (como si se tratara de policías), el artículo 551 del Código Penal marca penas de prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.

Los datos del servicio El Defensor del Profesor, del sindicato ANPE, confirman esta tendencia, ya que ha atendido 287 casos desde marzo de 2006, de los que 143 son del curso 2008/2009.

Por su parte, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, pidió una modificación del Código Penal en la que «se tipifique el acoso escolar». Además, abogó por un pacto a nivel estatal para reforzar la autoridad del maestro.

La violencia hacia los profesores

En Secundaria. Las llamadas al sindicato ANPE corresponden en un 66% a docentes de Secundaria. El resto de los que piden ayuda son de Primaria.

¿Qué ayuda piden? Casi la mitad solicitan asistencia jurídica y psicológica. Un 33% sólo requiere asistencia psicológica por las secuelas del incidente, mientras que un 19% únicamente pide la ayuda de un abogado.

¿Donde están las causas? Detrás de estas llamadas aparecen problemas con alumnos en un 61% de casos (amenazas, insultos, boicot a las clases, grabaciones con móviles o agresiones físicas), altercados con los padres (30% de los casos registrados) o problemas con otros compañeros o miembros de los equipos directivos (9%).

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