Sánchez se topa de nuevo con el 'no' de varios socios de la UE a oficializar el catalán pese a que España asumiría el coste de la medida

Sánchez y Puigdemont, en una imagen de archivo. / AFP PHOTO / Josep LAGO (Photo credit should read JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)
Sánchez y Puigdemont, en una imagen de archivo. / AFP PHOTO / Josep LAGO (Photo credit should read JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)
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Sánchez y Puigdemont, en una imagen de archivo. / AFP PHOTO / Josep LAGO (Photo credit should read JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

España sigue teniendo en su agenda marcado en rojo el asunto de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE, con prioridad para el primero. Pero de nuevo se ha encontrado con la negativa de varios socios toda vez que el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, pone sobre la mesa el tema este martes en el Consejo de Asuntos Generales que tiene lugar en Luxemburgo. Letonia, por ejemplo, ha asegurado que este paso "no es una prioridad" para el bloque ahora mismo y además tiene motivos internos: cuenta con una minoría de habla rusa en el país, por lo que podría abrir la puerta a una petición sobre el uso del ruso. Pese a ello, el debate seguirá a nivel técnico.

El propio Albares ha vuelto a defender la medida y ha insistido en que el coste que suponga la medida será asumido por España. Con todo, no se espera una decisión definitiva tras la cumbre de esta jornada, pero el Gobierno en funciones ya ha recibido críticas. "Ya lo advertimos: la UE no se deja chantajear por los intereses electorales de Sánchez. Necesitamos un Gobierno que defienda lo que verdaderamente importa en Europa, no un presidente que nos deje en ridículo", han reaccionado desde Cs a través de su líder, Adrián Vázquez.

Además, las reticencias letonas se unen a las ya sabidas de Finlandia y de Suecia, que igual que otros miembros de la UE ponen el foco en los costes y en la viabilidad legal de la medida, mientras que Lituania apoya su rechazo en el "impacto político" de la medida. Francia, por su parte, es cauta pero insiste en que pondrá de su lado para "ayudar a España". Algunas otras voces consideran que se trata de un asunto interno sin trascendencia real para la UE. El Gobierno en funciones, en este escenario, está ultimando el informe con el que defender del todo la propuesta después de esta segunda toma de posiciones.

En general el contexto no ha cambiado respecto a algunas semanas atrás, cuando se abrió el melón. "No es una cuestión de si la medida es adecuada o no, sino de qué hay que hacer correctamente para llevarla a cabo. Es una cuestión de ver la foto completa", comentaron entonces fuentes consultadas por 20minutos, para aclarar que entre los Estados miembros "no hay un rechazo" al planteamiento del Gobierno, pero sí que se ha querido huir de cualquier prisa. Para algunas capitales el problema viene por los efectos que podría tener incorporar tres idiomas más de golpe mientras que otras consideran que la reforma necesaria es de demasiado calado como para abordarla "en poco tiempo".

No hay fechas encima de la mesa para la resolución de la cuestión, por mucho que Sánchez ya haya puesto en marcha el reloj para su posible investidura. De hecho, es poco probable además que el tema se concrete durante la presidencia española del Consejo; si eso sucede, la belga -que se da entre el 1 de enero y el 31 de junio de 2024- heredará el debate, aunque su semestre estará marcado por las elecciones europeas del próximo mes de junio por lo que el margen se estrecha.

Quedaría la alternativa, ya abierta, de que las lenguas cooficiales puedan ser idiomas de uso en el Parlamento Europeo, una posibilidad que arrancó ya con una petición en 2022 y que podría efectuarse mientras no haya unanimidad en el Consejo. Ahora mismo la UE cuenta con 24 lenguas oficiales, tras la incorporación completa en 2017 del gaélico a la lista.

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