Mar Ugarte Adjunta a Presidencia del CEDDD, Consejo Español de la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.
OPINIÓN

Con el ictus, el tiempo es oro

Una terapeuta ocupacional con una paciente en un centro de rehabilitación.
Una terapeuta ocupacional con una paciente en un centro de rehabilitación.
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Una terapeuta ocupacional con una paciente en un centro de rehabilitación.

Hace quince años pocas personas sabían qué era el ictus. Tras grandes campañas sanitarias, esfuerzos divulgativos de las entidades sociales apoyados por los medios de comunicación y formación en el ámbito laboral a las empresas y a sus trabajadores en la detección del ictus, se ha logrado que hoy gran parte de la población sepa lo qué es hasta el punto de que muchas personas ya son capaces de sospechar tras determinados síntomas lo que puede estar ocurriendo.

En el año 2012 escribí ya sobre este tema y, a pesar de que hayamos avanzado en el conocimiento y reconocimiento de la enfermedad, pocos son los avances en servicios de rehabilitación con equipos transdisciplinares que trabajen de forma holística y rápida con el paciente afectado.

Pocos son los avances en servicios de rehabilitación con equipos transdisciplinares 

Según los datos de la SEN (Sociedad Española de Neurología), el 90% de los casos de ictus se podrían evitar con una adecuada prevención de los factores de riesgo y un estilo de vida saludable.

El ictus es la segunda causa de muerte en España (la primera en mujeres), la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia. Cada año 110.000-120.000 personas sufren un ictus en España, de los cuales un 50% quedan con secuelas discapacitantes o fallecen. Actualmente más de 330.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional por haber sufrido un ictus.

En los últimos 20 años ha aumentado un 25% el número de casos de ictus entre las personas de 20 a 64 años. En los próximos 25 años la incidencia del ictus se incrementará un 27%. El ictus supone el 70% de los ingresos neurológicos que se producen en España y es responsable del 3-6% del gasto total sanitario.

Un ictus cambia la vida. La vida del que la padece y la vida de su familia y entorno, creando desajustes funcionales, emocionales, laborales, económicos, familiares y sociales.

La intervención terapéutica debe comenzar tan pronto como el paciente esté medicamente estable

Una vez que ocurre, la expectativa de recuperación depende de las áreas afectadas en el cerebro y de la intensidad de la lesión. A menudo implica a varias áreas del cerebro dando como resultado múltiples incapacidades y es necesario actuar deprisa. La intervención terapéutica debe comenzar tan pronto como el paciente esté medicamente estable (hasta en el mismo hospital de agudos si es posible)

La rehabilitación eficaz del ictus exige la colaboración necesaria entre la sanidad pública y las instituciones privadas especializadas e inversión presupuestaria para recursos tanto materiales como humanos. Y esto hoy escasea en el panorama tanto nacional como autonómico. Volvemos a sufrir desequilibrios en estos servicios dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que vivamos y lo que es más grave; con los datos de aumento de la enfermedad, no hay centros especializados integrales que, liderados por un neurólogo y/o médico rehabilitador, aborden estas terapias de la manera más óptima y rápida posible. Las familias saltan de un lugar a otro pidiendo respuestas al alta del paciente y todo dependerá de profesionales conocedores comprometidos y no de protocolos y servicios debidamente establecidos para tan importante etapa rehabilitadora.

El tiempo es oro, pero ¿qué hacer cuando el oro escasea? En el contexto de inestabilidad política actual es necesario dejar a salvo el bien más importante a proteger en toda esta situación: el paciente y su vida son lo primero. Es bien sabido que el sistema médico sanitario público de España es uno de los más avanzados en cuanto a su capacitación técnica, pero nuestro sistema público es frágil en cuanto a su viabilidad; con unos costes de gestión elevados, una población cada vez más envejecida y unas restricciones económico presupuestarias cada vez mayores que pueden poner en riesgo la mejor esperanza de recuperación para los pacientes y, en el caso que nos ocupa, los pacientes con daño cerebral después de haber sufrido un ictus que con edades por debajo de los 65 años se ven condenados a gestionar dependencias y discapacidades que bien y rápidamente abordadas pueden minimizar el impacto de la lesión cerebral.

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