La Knéset (el Parlamento israelí) ha aprobado hoy de forma definitiva la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, la primera ley del paquete legislativo de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y que ha provocado una oleada de manifestaciones en todo el país desde hace meses. 

La ley ha salido adelante así con 64 votos a favor de todos los diputados de los partidos de la coalición de gobierno y cero en contra, ya que los 56 diputados del bloque de la oposición han decidido ausentarse. 

"Hemos dado el primer paso en el importante proceso histórico de corregir el sistema legal y restaurar los poderes que le fueron quitados al gobierno y la Knéset durante muchos años", ha afirmado el ministro de Justicia, Yariv Levin, arquitecto de la reforma judicial, tras la aprobación de la ley. Antes de la votación, Levin ha señalado que esa ley "reestablecerá el equilibrio entre las autoridades gubernamentales y el respeto a la voluntad de los votantes".

La doctrina de la razonabilidad, ahora anulada, permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales y es vista por el movimiento de protesta como una garantía democrática fundamental frente a abusos de poder.

19 detenidos en las protestas

La ley se ha votado en una sesión plenaria que comenzó este domingo, después de más de 30 horas de tensos debates entre gobierno y oposición. Al mismo tiempo, miles de manifestantes se encuentran acampados frente a la Knéset desde la noche del sábado en protesta contra la reforma, vista como una amenaza a la democracia porque socava la separación de poderes y la independencia de la Justicia.

Por el momento, las movilizaciones, las mayores en la historia del país, se han saldado con 19 personas detenidas "por violar el orden público" y 5 heridos, que ya han sido trasladados al hospital. Las manifestaciones, congregadas en un parque cercano cerca del parlamento, han intentado cortar calles, bloquear el acceso a la Cámara y han producido algunos altercados con la Policía, que ha tenido que recurrir a cañones de agua y agentes montados a caballo para dispersar a los congregados.

"La idea general de la Policía es proteger a los ciudadanos, pero aquí vemos lo contrario", ha asegurado Tomer Naveh, de 52 años, capitán del Ejército desde hace más de 30 años y que este lunes estaba entre los manifestantes y ha criticado la dureza la represión policial.

Intentos de negociación

Ante la fuerte división generada, en las últimas 48 horas ha habido varios intentos de negociación, impulsados por el presidente israelí Isaac Herzog, para que Gobierno y oposición lleguen a un acuerdo de consenso, pero han vuelto a fracasar. "Nuestra condición principal era proteger la democracia israelí, pero con este gobierno es imposible llegar a acuerdos que preserven la democracia israelí", ha declarado en este sentido Yair Lapid, el líder de la oposición.

"Quieren destrozar el Estado, destrozar la democracia, destrozar la seguridad de Israel, la unidad del pueblo de Israel y nuestras relaciones internacionales", ha añadido Lapid, quién ha acusado al gobierno de ser el "más irresponsable de la historia".

Horas antes de la votación, Herzog ha apelado de nuevo al "entendimiento" y la "responsabilidad" de las partes para lograr un consenso ante lo que ha descrito como una "emergencia nacional" ante la profunda fractura social que ha provocado la reforma. 

Herzog se reunió así este domingo por separado con Netanyahu y con los líderes de la oposición para retomar las negociaciones que empezaron en abril, pero que se rompieron en junio cuando el gobierno decidió seguir adelante unilateralmente con la reforma.

Y fue este movimiento lo que revitalizó precisamente las protestas, que no han cesado en siete meses y que han contado con manifestaciones masivas en las últimas semanas. En total, más de 550.000 personas han salido a las calles en todo el país por la aprobación de esta reforma. El movimiento de oposición ha contado también con una fuerte presión social a los sindicatos para que convoquen una huelga general y más de 10.000 reservistas que se niegan a presentarse voluntarios al servicio.