El Gobierno de Pedro Sánchez plantea recurrir el decreto ley del Govern para afrontar la situación de excepcionalidad por sequía en Cataluña ante el Tribunal Constitucional (TC), han informado fuentes de la Conselleria de Acción Climática este lunes.

Cataluña podrá empezar a sancionar a los ayuntamientos que incumplan las restricciones por la sequía el 7 de agosto

El Ejecutivo inició la semana pasada un proceso de conciliación con la Generalitat para acordar reformas de la ley y no llevarla al Constitucional. 

Según ha avanzado el diario 'Ara' y han confirmado a la ACN fuentes de la Moncloa, el Gobierno considera que hay dos artículos que avalan la contratación de emergencia en casos no permitidos por la Unión Europea. Quiere negociar con el catalán para evitar ir al TC, pero aun así, asegura que el recurso no implicaría la suspensión de toda la ley. 

Según el Gobierno, la ley permite utilizar la contratación de emergencia sin que se cumplan algunos de los requisitos que establece la Unión Europea y sin necesidad de justificación en muchos casos. Así, fuentes de la Moncloa consideran que la ley prevé que cualquier actuación orientada a paliar la sequía exige una intervención inmediata por parte de la administración pública que hace imposible la contratación ordinaria o de urgencia. 

No obstante, la tramitación de emergencia tiene que ser un procedimiento totalmente excepcional que se tiene que limitar a lo estrictamente imprescindible para solucionar una situación extraordinaria y que hay que justificar en cada caso.

Fuentes del Gobierno recuerdan que durante esta legislatura se han iniciado 22 procedimientos de conciliación y se ha llegado a 16 acuerdos totales y cuatro parciales, cosa que ha evitado 20 recursos de inconstitucionalidad.

El pleno del Parlament avaló el decreto ley con la abstención de PSC-Units, Junts, comuns y CUP, el 'sí' de ERC y el 'no' de Vox, PP y Cs, que posteriormente la Cámara catalana enmendó con el apoyo de los socialistas, republicanos, Junts, PP y Cs.