La adenda al plan de recuperación que el Gobierno enviará este miércoles a Bruselas recoge una importante rebaja en el importe de los préstamos que el Ejecutivo tiene previsto pedir para financiar políticas sociales como el ingreso mínimo vital (IMV) o el Mecanismo Red —la fórmula para convertir en permanente el esquema de los ERTE desplegado durante la pandemia—. A cambio, los recursos se focalizan en inversiones verdes, energía y otros ámbitos de lo que se conoce como autonomía estratégica. 

El Ejecutivo aprobó el martes el texto definitivo de la ampliación del plan de recuperación, con el que prevé movilizar 94.300 millones, la mayoría de ellos (84.000) en préstamos en condiciones ventajosas. El Ejecutivo desplegará una parte del crédito para reforzar los Perte (los proyectos estratégicos en los que se estructura el plan de recuperación) pero el grueso de ellos irán a parar a 13 fondos. Vehículos de inversión que, en palabras del Ejecutivo, "van a constituir una red de seguridad para mantener el impulso de inversión pública y privada en la transformación de la economía en clave verde, digital y social". 

Sin embargo, el diseño de la adenda ha variado sustancialmente respecto a la primera versión difundida en diciembre. Se han introducido cambios que han provocado una reducción en la dotación prevista para reformar el ingreso mínimo vital o para garantizar la credibilidad del Mecanismo Red. En concreto, el importe de los préstamos previsto para el IMV se ha reducido de los 9.000 millones recogidos en el proyecto de diciembre a 2.530 en la adenda definitiva. Una rebaja del 71%. Algo similar ha ocurrido con el fondo de reforma laboral, que ha pasado de unos 5.000 millones iniciales a 3.000 millones finalmente. 

El Gobierno envía a Bruselas el plan para movilizar 94.000 millones más de los fondos europeos

Interrogadas por esta cuestión, fuentes del Ejecutivo señalan que la distribución de los fondos se ha ajustado para focalizarla en las necesidades que se han ido detectando. Se ha priorizado los fondos con un mayor impacto para la economía y las empresas y se han ajustado a los programas con mayor demanda, teniendo en cuenta también cuestiones como la evolución del precio de las materias primas. "Se ha puesto un foco muy importante en la financiación de inversiones productivas que supongan un cambio en materia de autonomía e industrialización estratégica", añaden.

Y es que el Ejecutivo ha optado por reorientar las inversiones a materias como inversiones verdes, apoyo empresarial, vivienda o ciberseguridad. En este sentido, el gran beneficiado con los cambios en la adenda respecto al proyecto inicial ha sido el fondo ICO de apoyo empresarial. Este programa, que incluye líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial para inversiones verdes por 22.500 millones —con 1.000 millones para transformación de empresas turísticas— ha visto mejorada su dotación en 7.500 millones respecto al proyecto original. También se ha creado una línea de créditos del ICO para promocionar la construcción o adaptación de viviendas destinadas al alquiler asequible, para la que se han reservado 4.000 millones. Además, se ha diseñado un fondo de ciberresiliencia y seguridad con un importe de 2.200 millones que tampoco constaba en el proyecto previo.

18 nuevas reformas

Para recibir estos préstamos y el resto de ayudas del plan de recuperación recogidas en la adenda, el Gobierno ha comprometido otras 18 reformas adicionales con la Comisión Europea. Aunque el Ejecutivo aún no ha dado detalles concretos, las reformas se focalizarán en el ámbito energético y cambio climático y complementan el esfuerzo del programa, que el Gobierno considera "ya prácticamente completado". Eso sí, no está previsto tocar ni las pensiones ni la reforma fiscal en la adenda. 

Sí se han introducido algunos cambios para adaptar hitos y objetivos del plan original, en la misma línea que los ya planteados por países como Alemania o Portugal y que permite el propio reglamento de los fondos. La idea, según el Gobierno, es aclarar algunos problemas de interpretación y adecuarlos a la nueva situación que ha generado la guerra. En particular, al aumento de costes de las materias primas y la inflación, que han impactado en algunos hitos como es el caso de la rehabilitación de vivienda para la eficiencia energética. También se han redirigido inversiones a programas con fuerte demanda, como es el caso del hidrógeno verde o a incrementar plazas de formación profesional.

El Gobierno ha cerrado esta ampliación del plan de recuperación tras celebrar más de 50 reuniones con la Comisión Europea e intercambiar hasta 750 documentos con Bruselas, detallan fuentes del Ejecutivo. Un proceso largo y tortuoso que anticipa que será muy difícil que un eventual nuevo Gobierno salido de las urnas después de julio pueda introducir cambios de calado. No en vano, la regulación de los fondos exige haber comprometido todo el gasto y solicitado los préstamos antes del 31 de agosto de 2026. Eso sí, los créditos cuentan con un plazo de devolución de 30 años, lo que aporta algo más de flexibilidad al programa