La tormenta política desatada en Ecuador sigue su curso después de que el presidente Guillermo Lasso, en medio del juicio político por un presunto delito de malversación en su contra, haya decidido aplicar el mecanismo de la 'muerte cruzada', un resorte constitucional que implica la disolución del parlamento ecuatoriano, la Asamblea Nacional, y a su vez el final de su mandato y la convocatoria de elecciones en el país latinoamericano. 

Lasso ha argumentado que hay una "grave crisis política" derivada del juicio político contra él para justificar la 'muerte cruzada'. Además, el mandatario ha apuntado que el Parlamento, dominado ahora por la oposición, "tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado", lo que justificaría el mecanismo constitucional.

¿En qué consiste la 'muerte cruzada'? ¿Es legal?

La 'muerte cruzada' es el nombre popular que recibe la fórmula constitucional incluida en la Constitución de Ecuador de 2008. Se basa en los artículos 130 y 148, los cuales establecen que la Asamblea puede destituir al presidente,  y el mandatario puede hacer lo propio con la Asamblea "si se arrogan en funciones que no les competen constitucionalmente".

Según el texto constitucional, esta facultad "podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato" e implica que, en un plazo máximo de siete días posteriores al decreto, "el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos".

Lasso podrá gobernar por decreto hasta las elecciones

Las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral, a las que Lasso y los asambleístas podrán presentarse, se celebrarán en un plazo máximo de 90 días según lo contemplado en la Constitución. 

Hasta entonces, Lasso mantendrá su cargo durante un máximo de seis meses, pudiendo gobernar a través de decretos-leyes de urgencia económica, "previo dictamen favorable de la Corte Constitucional" y "que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo", según incluye la norma constitucional.