La defensa de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha presentado este jueves al Tribunal Supremo (TS) un recurso contra su condena de prevaricación administrativa por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En el escrito, la defensa forma un recurso de casación contra la sentencia del 29 de marzo de este año por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y pide que se dicte una nueva sentencia "absolviendo a Borràs de los delitos por los cuales viene inicialmente condenada".

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El TSJC la condenó a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque propusieron un indulto parcial que rebajara la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en prisión.

No pedirá un indulto

Borràs ha anunciado que rechaza pedir un indulto después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la condenara.

"Yo no tengo nada que ver con la corrupción. No me arrastraré por un indulto. No necesito que me digan si me lo concederán o no, porque no pediré ningún indulto", ha asegurado en un vídeo colgado en Youtube recogido por Europa Press.

Borràs fue condenada por los delitos de prevaricación y falsedad documental, y se le impuso una multa de 36.080 euros por 18 contratos menores tramitados entre 2013 y 2017, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer cargo público.

En su opinión, el tribunal que presidía Jesús María Barrientos ha pasado la pelota al Gobierno, al que ha reprochado que tardara "dos minutos y medio" a salir para decir que no le concederían el indulto.

"Dijeron que con un tema de corrupción, no. Los que habían indultado a los GAL y la cal viva, esto sí", ha criticado la también presidenta suspendida del Parlament.

Según Borràs, sufre "una forma de libertad provisional preventiva" porque, a su juicio, intentan que modifique sus posicionamientos ante el miedo que puede infundir la prisión.

"Y esto es lo que no pasará. Porque esto ya no ha pasado", ha sostenido la dirigente de Junts, destacando que ella también podría haber llegado a un pacto con la Fiscalía, como hicieron los otros dos encausados en el caso.

Tras reiterar que seguirá trabajando para lograr una república independiente catalana, ha tomado la decisión de "resistir, y en este contexto, resistir ya es vencer".

Para Borràs, su condena ya estaba prefigurada antes de que empezara el juicio, por lo que considera que se ha cometido "una injusticia y una persecución". 

"Manipulación"

Ha acusado a los jueces que redactaron su sentencia de haber leído unas pruebas periciales "que no quieren tener en cuenta, y que encima no quieren admitir, que se ha producido una manipulación que han constatado que se ha producido".

"Me están condenando personas que no saben diferenciar un dominio web de una app. No tienen ni idea de lo que hablan y nos debemos fiar de su criterio para poder dar fe de todo lo que se ha hecho", ha criticado.

Borràs también ha lamentado que la sentencia le acuse de prescindir del procedimiento administrativo de contratación preceptivo, ya que argumenta que utilizó "el único mecanismo de contratación de la ILC", que es el contrato menor, que además puntualiza que es legal.

"Se ve que éramos los Dalton de la ILC"

"Se ve que éramos los Dalton de la ILC", ha ironizado la dirigente de Junts, que defiende que querían hacerla culpable a cualquier precio, ha dicho.

Sobre la advertencia de irregularidades por parte de una administradora, Borràs ha sostenido que en la administración "todo se hace por escrito" y así lo debería de haber hecho si la hubiera querido advertir, según ella. 

"No ha habido ningún tipo de lucro"

También ha criticado que la condenaran por falsedad documental cuando "no ha habido ningún tipo de lucro o beneficio económico" y que le impusieran una multa económica superior a la de los otros juzgados, cuestionando que todos sean iguales antes la ley.

Además, ha destacado la importancia de que la sentencia contara con un voto particular que, en su opinión, argumenta con jurisprudencia que no comparte parte del fallo y que las penas de inhabilitación son demasiado amplias.

"Son superiores a les penas más altas de inhabilitación que han tenido los juzgados por el 1 de octubre", ha recalcado Borràs, que cree que se ha vulnerado su derecho de defensa por el pacto de los otros acusados con la Fiscalía.

Asimismo, ha dicho que también se ha vulnerado su derecho a la intimidad y ha criticado la manera en que se incautaron las pruebas informáticas, en que, asegura, no se llevó a cabo el mecanismo de protección de los datos "por razones de dimensión" y por el tiempo requerido para tal proceso de copiado, como expone la sentencia mostrada en el vídeo.