La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la Generalitat por no haberle dado acceso a los atestados de los Mossos d'Esquadra "elaborados para reprimir a manifestantes independentistas".

En comunicado distribuido a través de su cuenta de Twitter, Ponsatí ha explicado que en 2022 registró una solicitud de acceso de información para tener acceso a los atestados, que fue inadmitida por el Gobierno catalán.

"Abrimos la vía judicial para frenar la represión de la Generalitat de Cataluña contra los independentistas y para evitar que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra pueda continuar actuando como cooperador necesario del Estado español", ha señalado Ponsatí en el comunicado.

En la solicitud, Ponsatí argumenta que tiene derecho a conocer cuántos procedimientos penales se han iniciado "a raíz de los 455 atestados policiales de los Mossos d'Esquadra por les protestas independentistas en los que la Generalitat se haya personado como acusación particular".

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"La Generalitat debería de estar protegiendo a los catalanes y, en cambio, se los está reprimiendo con la policía y acusando penalmente aprovechando la arbitrariedad de los atestados. Alguien les tiene que parar los pies", ha expresado la exconsellera.

En el comunicado, Ponsatí asegura que la actitud de la administración "confirma, una vez más, el colaboracionismo de los Mossos d'Esquadra y Generalitat de Catalunya con el Estado español en lo que respecta a la represión del independentismo". 

Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017 para evitar ser procesada por el 1-O, cruzó por sorpresa el pasado 28 de marzo la frontera francoespañola para regresar a Cataluña, sin entregarse a las autoridades pese a su orden de detención.

Tras ofrecer una rueda de prensa, fue detenida por los Mossos en plena calle y conducida ante el juez de guardia en Barcelona, que la dejó en libertad después de que así lo acordara el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.