La Audiencia de Barcelona ha recuperado hasta ahora 13,3 millones de euros de los 26 que Fèlix Millet y Jordi Montull tienen que devolver al Palau de la Música y al Orfeó Catalán.
En el caso concreto de Fèlix Millet, muerto esta semana, la responsabilidad civil no está extinguida y, de hecho, se seguirá procediendo sobre los bienes pendientes de venta, como una finca ubicada en l'Ametlla del Vallès y tasada en más de 1.900.000 euros o un cuadro tasado en más de 200.000 euros.
Además, siguiendo la progresión de la ejecución de la sentencia y avanzando así en la recuperación de capital para los perjudicados, el tribunal acordó recientemente la designación de un administrador judicial para la liquidación de la sociedad Bonoima, de la cual es accionista la familia Millet.
Esta mercantil, inactiva, es propietaria de 13 fincas en la Ametlla, debidamente embargadas y anotadas, y se procederá a su venta en el proceso de liquidación de la mercantil. Además, el derecho civil catalán establece que los herederos, si aceptan la herencia, y no lo pueden hacer parcialmente, serán responsables con sus propios bienes de las deudas que hubieran contraído aquellos de quienes se hereda.
La sección décima continúa con la ejecución de la sentencia del conocido como 'caso Palau', desde que esta fue declarada firme en mayo de 2020. A la ejecución de la condena penal le corresponde el cumplimiento respectivo de cada condenado a pena de prisión. A la ejecución civil, la recuperación del patrimonio de los condenados para hacer frente y satisfacer a los perjudicados.
Hasta ahora, el tribunal, junto con la gestión del letrado de la administración de Justicia (LAJ), con la colaboración en la designación de bienes de la fiscalía, la Fundación y el Consorcio Palau de la Música, y la Agencia Tributaria, ha recuperado 13.306.229,97 euros, más de la mitad de la responsabilidad civil que estableció la sentencia.
Esta cantidad es el resultado del procedimiento de identificación, embargo y anotación en los diferentes registros de la propiedad que han correspondido y de la venta ya efectuada de muchos de ellos, o bien a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), de la administración general del Estado, o bien a través de entidades privadas, tal como prevé la ley, la autorización de la cual ha correspondido en cada caso al tribunal con el objetivo de garantizar que el precio nunca fuera inferior a la peritación.
La Audiencia de Barcelona celebró juicio en 2018, y condenó apenas de prisión de entre 8 meses y 9 años y 8 meses a Millet, Montull, la hija de Montull y Daniel Osàcar, y a una responsabilidad civil de más de 25 millones de euros, de la cual ya se ha recuperado más de la mitad.
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