La Fiscalía pide siete años de prisión y 32 de inhabilitación para el diputado de ERC y ex alto cargo del Govern Josep Maria Jové y seis años y tres meses de prisión y 27 años y tres meses de inhabilitación para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por el referéndum del 1 de octubre. 

Todos ellos forman parte del núcleo duro de la conselleria que dirigía Oriol Junqueras y los cargos a los que podía afectar directamente la rebaja del delito de malversación pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Sin embargo, el Ministerio Público sigue el criterio de los fiscales de la causa del procés y del Tribunal Supremo y considera que se puede mantener la malversación de tipo agravado en su escrito de acusación a Jové, Salvador y Garriga.

"¡Miserables, malas personas y, sobre todo, mucha cobardía! ¡Siempre de frente ante la represión! ¡Porque lo que hicimos, hacemos y lo que haremos, lo hicimos por principios democráticos y de libertad!", ha afirmado Jové en un comentario en su cuenta de Twitter.

"El escrito que hemos conocido reafirma lo que hace tiempo que denunciamos: estamos ante una causa general contra el independentismo. Desgraciadamente, hace años que vemos que el sistema judicial español no hace justicia, hace política. No reculamos, continuamos trabajando", ha dicho Garriga.

Al presidente del grupo parlamentario de ERC y al presidente del Puerto de Barcelona la Fiscalía les acusa de los delitos de malversación agravada, prevaricación y desobediencia, mientras que a la consellera de Cultura le atribuye solo este último.

Les reclama también multas que van desde los 18.000 euros de Garriga, hasta los 24.000 de Salvadó y los 30.000 de Jové.

En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ministerio Público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del procés descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

Aragonès: "El sistema judicial imparte venganza"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), ha denunciado que "el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo", y ha recordado que "trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito".

"Trabajar por la libertad de Cataluña no es ningún delito. Defender las urnas y la democracia, tampoco. Denunciaremos en todas partes un sistema judicial que no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo. Siempre a vuestro lado, Natàlia Garriga, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó", ha escrito el presidente catalán en Twitter, para mostrar su apoyo a esos exaltos cargos de la consellería de Economía en 2017.