El Gobierno valenciano ha sido condenado a redactar y aprobar los planes de calidad del aire para las zonas que rebasan los límites legales para el ozono, para lo que dispondrá de un plazo de ocho meses. Así lo recoge una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictada el pasado 24 de enero y que estima un recurso de Ecologistas en Acción. El fallo insta a la Generalitat a elaborar y aprobar "sin dilaciones" tres tipos de actuaciones para activar estos planes: las previas a la redacción, la redacción del borrador y del documento inicial estratégico y el inicio de la fase de consultas.

Los planes que obliga a elaborar el TSJCV se corresponden con las zonas afectadas por superaciones de los valores objetivo para el ozono y que vienen detalladas en un informe recogido en la sentencia y que la Sala asume. Por un lado, el límite para la protección de la salud humana se incumplió en 11 de las 18 zonas en que se divide el territorio valenciano en algún periodo del trienio 2010-2012, sobre todo en el interior norte de Castellón (Els Ports), interior de Valencia (Turia y Júcar-Cabriel) y en el área del Serpis (interior norte de Alicante). 

Por otra parte, el valor objetivo para la protección de la vegetación se ha rebasado en algún periodo del quinquenio 2010-2014 en 15 de las 18 zonas, con "incumplimientos generalizados en toda la Comunitat Valenciana", salvo las zonas de Castelló y l'Horta y el área costera Júcar-Cabriel "por la falta de un medidor rural o suburbano".

Este pronunciamiento del TSJ valenciano da continuidad a otros similares en Castilla y León (2018), Navarra (2021) y Cataluña (2022), confirmados por el Tribunal Supremo (2020), que ponen de manifiesto la "negligencia sistemática de las comunidades autónomas a la hora de cumplir sus obligaciones para mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública y el medio ambiente", en relación al contaminante ozono troposférico.

Según apuntan desde Ecologistas en Acción, comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco vienen superando desde 2012 los objetivos legales establecidos para proteger la salud y el vegetación respecto a este contaminante. Entre todas ella suman una población afectada de 30 millones de personas sobre una superficie de 380.000 kilómetros cuadrados, "sin que los gobiernos de estas doce comunidades hayan elaborado planes eficaces para corregir esta situación".

Según explican desde la organización ecologista, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lleva demorando desde 2015 la elaboración del Plan Nacional de Ozono, anunciado la última vez por la ministra Teresa Ribera en septiembre de 2020, tras la sentencia del Tribunal Supremo de dos meses antes. Transcurridos más de dos años, del comprometido plan "no se conocen hasta la fecha más que algunos estudios científicos previos, que ni siquiera se han publicado en la página web del Ministerio", añaden.

Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama al Ministerio, a la Generalitat y a los once restantes Gobiernos autonómicos que incumplen la normativa de calidad del aire en relación al ozono "que aborden sin más demora la elaboración de planes eficaces para luchar contra este gas tóxico". Del mismo modo, pide a la Comisión Europea que "extreme la exigencia de dichos planes y de su aplicación" en la revisión de la Directiva de Calidad del Aire que finalizará durante la Presidencia española de 2023.

¿Qué es el ozono 'malo'?

El ozono troposférico, también conocido como ozono 'malo' por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte. El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

El ozono ocasiona en España entre 1.500 y 1.800 muertes prematuras cada año, 500 de ellas en episodios de alta contaminación como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de la Península y en Baleares, según la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Instituto de Salud Carlos III. El coste económico de la atención sanitaria y las bajas laborales asociadas a la contaminación por ozono alcanza en España 5.000 millones de euros cada año, según el Banco Mundial.