La existencia de viviendas ilegales, es decir, al margen de la regulación urbanística, no es un fenómeno nuevo en la Comunitat Valenciana. Aunque en ocasiones se haya puesto el foco en la franja litoral por la presión constructora de los años del boom inmobiliario, lo cierto es que a lo largo de los 542 municipios de las tres provincias existen viviendas sobre suelo no urbanizable. Eso sí, según el último recuento, la Generalitat ha logrado detectar 194.000, una cifra elevada pero lejos de las 350.000 que preveía inicialmente. De ellas, la gran mayoría son legalizables, pero un grupo de 600 construidas después del 20 de agosto de 2014, fecha de entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio autonómica, están abocadas al derribo.

Uno de los principales objetivos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), creada esta legislatura por el Gobierno valenciano, es reducir el número de viviendas en situación irregular. Pretende hacerlo, por un lado, con la catalogación (a través de una plataforma urbanística digital para buscar por todo el territorio este tipo de inmuebles) y, una vez identificadas, con planes para minimizar impactos, como poner una depuradora o gestionar aguas sucias, y ayudas para su regularización dirigidas a los propietarios.

Sin embargo, de las edificadas tras agosto de 2014, unas 1.200, la mitad están abocadas al derribo al no ser legalizables. Según explica el director general de Urbanismo de la Generalitat, Vicente García Nebot, la legalización supone "una inmensa posibilidad" para muchas casas que se encuentran fuera de ordenación. "Sus propietarios pueden acudir a los ayuntamientos e instar a la regularización", explica.

No obstante, las 600 viviendas no legalizables serán, antes o después, demolidas por iniciativa propia o a instancias de los municipios o de la Agencia de Protección del Territorio, ya que las infracciones de este tipo no prescriben.

La mayor parte de estas construcciones al margen de la legalidad corresponde a segundas residencias o casas de campo autorizadas en su día por los ayuntamientos, pero al margen de la disciplina urbanística que emana de la normativa autonómica. Todas ellas son unifamiliares y se distinguen tres tipologías: las anteriores a 1975, que se entienden legalizadas como si tuvieran licencia; las de 1975 a 2014, que se pueden legalizar a cambio de las acciones para minimizar su impacto, y las posteriores a 2014 mencionadas anteriormente.

Por provincias

Según los datos de la Conselleria de Política Territorial, Alicante es, con diferencia, la provincia que acumula más edificaciones en suelo no urbanizable. De hecho, solo en el término municipal de Elche ha identificado 10.100 viviendas irregulares, mientras en Orihuela ha detectado 3.677 y en Crevillent 3.176. En la provincia de Valencia, la localidad más afectada por este fenómeno es Vilamarxant, con 2.587, seguida de Alzira (2.264) y Llíria (2.013). Por lo que respecta a las comarcas de Castellón, en la capital de La Plana se han contabilizado 1.799 inmuebles (sobre todo en la Marjalería), frente a los 1.183 de Benicarló y los 899 de Onda.

El pasado mes de noviembre, la Generalitat presentó la nueva plataforma urbanística digital creada para localizar las viviendas irregulares construidas sobre suelo no urbanizable. Ese portal de búsqueda sirve para identificar qué viviendas se encuentran en situación irregular y pueden ser regularizadas a través de Planes de Minimización de Impacto, para los cuales la Conselleria ha abierto una línea de ayudas para su tramitación, así como aquellas que no pueden ser regularizadas por haber sido construidas con posterioridad a 2014.

La acción de la administración autonómica pretende ser no solo punitiva, sino también disuasoria. En este sentido, la Generalitat pretende desincentivar la proliferación de este tipo de construcciones, que en los años del boom inmobiliario se extendieron no solo por la acción de particulares, sino por la permisividad de las administraciones locales.

276 municipios adheridos a la AVPT 

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), con sede en Elche (Alicante) cuenta en la actualidad con 276 ayuntamientos adheridos. Su director, Manuel Civera, destaca la "clara vocación de la Agencia de ser útiles a los municipios, tanto a los adheridos como a los que todavía no lo están, al asumir la gestión de la disciplina urbanística en el suelo no urbanizable de sus términos municipales, preservando la función social del suelo".