Argentina es un país soberano con una democracia sui generis y accidentada, pero con un sistema de Justicia que actúa con libertad, aunque, como ha quedado bien demostrado ante algunos asuntos graves, interferido por presiones políticas o de otros intereses. El fanatismo peronista –una ideología copiada en los años cuarenta del siglo pasado del fascismo que encabezaba Benito Mussolini y que, sorprendentemente, aún sigue ejerciendo la supremacía en la política nacional– de los gobiernos del matrimonio Kirchner, Néstor y Cristina, acumula en sus mandatos algunos de los escándalos más notables.

Se trata de una ideología confusa y caciquil que, dicho sea de paso, ni por principios ni por trayectoria aporta nada a las corrientes sociales más actuales y la prueba más evidente es que, después de tantas décadas desenvuelta en un país con alto nivel cultural como es Argentina, no consta que haya hecho aportación alguna a otras sociedades. Por el contrario, su trayectoria está repleta de hechos deplorables, como las vendettas a la italiana y la consolidación de una corrupción que es considerada la razón de que un país tan rico en recursos humanos y naturales no consiga encauzar una economía estable.

Hace unos días la expresidenta, exesposa de presidente y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuya acción política no ha podido ser más polémica, ha sido condenada por los tribunales a seis años de cárcel por corrupción –que no cumplirá mientras permanezca en tan altas funciones– y a inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargo público. Es lógico que se trate de una sentencia polémica y que existan cauces para ser revisada. Algunos grupos peronistas afines han expresado su cólera y se proponían escenificar hoy lunes una explosión nacional de rechazo en una manifestación. Hasta aquí todo está dentro de la normalidad que la libertad democrática contempla.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión: "No voy a ser candidata de nada"

Lo que ya no parece tan explicable, al menos para los españoles y la opinión pública internacional, es que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que cada día sorprende con una iniciativa polémica , y la vicepresidenta, ministra de Trabajo y política de extrema izquierda por libre, Yolanda Díaz, se hayan traslado a Buenos Aires, cuyos costes aéreos no son baratos, para solidarizarse con la condenada por corrupción y sumarse a los que rechazan la sentencia. Mientras tanto, la señora Kirchner se ha puesto enferma de covid y la manifestación se ha aplazado al día diecinueve. Frustrada, al no cumplir su objetivo, la vicepresidenta Díaz regresará a España mañana.

Tan enrevesada historia plantea algunos interrogantes que convendría que fuesen convenientemente aclarados. ¿Iban el expresidente y la vicepresidenta a título particular o representan al Gobierno? ¿Acaso cuentan con datos que demuestren que la condena carece de fundamento? ¿Qué pensaría el Gobierno español si a una protesta en defensa de una condenada por corrupción viniesen a desautorizar a nuestros tribunales algunos altos cargos de otros países? ¿No se tratará esto de una intromisión en los asuntos internos de un país soberano y amigo? Por cierto, tampoco estaría mal que se informe quién corrió con los gastos de los viajes.