El PP y Vox acuerdan eliminar los informes de impacto de género en materia urbanística

La ley Ómnibus, el proyecto legislativo que reforma medio centenar de normas vigentes e implementa otras nuevas, encara su recta final después de meses de tramitación en la Asamblea de Madrid. Los grupos han logrado añadir 80 enmiendas al texto elaborado por el Gobierno autonómico en materia sanitaria, económica o de trámite administrativo, pero ha sido una modificación en materia urbanística, fruto del acuerdo entre PP y Vox, la que ha acaparado este viernes toda la atención. 

Ambos partidos, que han comparecido juntos desde la Cámara de Vallecas para escenificar el pacto que permitirá aprobar la ley, han acordado cambiar la ley del Suelo para que a partir de ahora no sea necesario solicitar los informes de impacto sobre la identidad o expresión de género en la tramitación y aprobación de las normas de este ámbito. Esta exigencia existía en la Comunidad de Madrid desde 2016, cuando se aprobaron las leyes LGTBI regionales. 

"Cosas como esta (...) han tenido como consecuencia el retraso de obras públicas y de creación de vivienda, con la consiguiente paralización de la inversión en la región", han esgrimido desde Vox, que se han arrogado la paternidad de este cambio legal que previsiblemente se va a materializar. 

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"Los informes que se llevan emitiendo desde que entraron en vigor ambas leyes han puesto de manifiesto la nula incidencia que dichas leyes tienen en el ámbito urbanístico, ya que se trata de normas absolutamente neutras desde el punto de vista de la identidad de género", han señalado por su parte desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 

Tanto estas fuentes como Vox han enmarcado el acuerdo para suprimir estos informes en un proceso para "agilizar y eliminar trámites innecesarios" y los han calificado como una "traba". "Nos dicen que nunca se ha aportado nada relevante en esos informes", ha señalado el vicepresidente Enrique Ossorio, "por eso se suprimen", ha añadido.

Pese a este coincidencia de argumentos, PP y Vox han mostrado este viernes sus diferencias en materia LGTBI y, por momentos, en la rueda de prensa convocada para exhibir sintonía también han hecho acto de presencia las discrepancias y hasta cierta incomodidad.

Rocío Monasterio ha "invitado" directamente al Ejecutivo regional a suprimir las dos leyes autonómicas que protegen a los colectivos LGTBI y trans. "En Vox somos partidarios de tener el menor número de leyes posibles, con lo cual, deroguemos esas leyes, que no sirven para nada", ha señalado la portavoz.

"Por puntualizar", ha salido al paso Enrique Ossorio, situado a un par de pasos de la portavoz de Vox. "Las leyes 2/2016 y 3/2016 han sido desarrolladas desde una óptica razonable, de sentido común y persiguiendo dos objetivos: la absoluta igualdad de las personas LGTBI y trans y el resto de los ciudadanos y evitar la violencia y la discriminación (contra ellas)", ha señalado el vicepresidente autonómico.

"Esos objetivos los compartimos totalmente", ha agregado Ossorio, detallando la postura del Ejecutivo sobre esas regulaciones de las que ha dicho, no obstante y como en otras ocasiones, que son "manifiestamente mejorables" desde el punto de vista jurídica. 

Paralización del trámite

La oposición ha criticado el acuerdo de PP y Vox para eliminar la necesidad de pedir estos informes porque creen que supone un "ataque" y un recorte de derechos al colectivo LGTBI y trans. Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos no solo han puesto el foco sobre el contenido del acuerdo, también han criticado las formas. 

PP y Vox han aprovechado una enmienda transaccional a última hora para modificar esta obligación vigente desde 2016, han afirmado fuentes de estos partidos, algo que no estaba previsto y que supone, a su juicio, un incumplimiento del reglamento. 

Por ello, las formaciones han registrado escritos para que se paralice la votación de las enmiendas presentadas a la ley Ómnibus y el dictamen de la misma, dos pasos previos a su aprobación definitiva en el pleno, durante la sesión de la comisión de Presidencia, Justicia e Interior que estaba previsto que se celebrara este viernes. Tras el debate entre los grupos parlamentarios, se ha decidido posponer la tramitación del texto hasta la celebración de una nueva sesión de la comisión, algo que se producirá en 10 o 15 días, como pedía la oposición al completo.

Más allá de las consideraciones sobre la forma utilizada para llevar a cabo la supresión de pedir informes de impacto de género, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos ponen el foco en lo que supone este pacto PP-Vox, ya que a su juicio se está acometiendo un recorte de derechos de los colectivos 'trans' y LGTBI de la Comunidad de Madrid.