Además, se ha ratificado a la promotora de este complejo (en la imagen) la mayor multa impuesta por una infracción urbanística en la Comunidad Valenciana, 12 millones de euros. Parte del importe de esta sanción deberá destinarlo a «fines medioambientales», una nueva fórmula que ensaya la Administración autonómica. Los portavoces de la promotra han anunciado que recurrirán judicialmente el caso y abandonarán su proyecto en caso de que tener que afrontar esta multa.