La familia de Jokin C.L., quien se suicidó hace un año en Hondarribia, cree que la jueza de Menores que ha suspendido la condena de dos años de internamiento impuesta a siete de los ocho jóvenes que acosaron al joven no tiene "razones jurídicas" para adoptar esta medida y sí "una absoluta obcecación de salirse con la suya".

El portavoz de los allegados de Jokin, Miguel Angel Ceberio, dijo a Efe que es "desconcertante" la resolución de la titular del Juzgado de Menores de San Sebastián, pues entiende que, desde que la Audiencia de Guipúzcoa dictó hace dos meses la sentencia que condenaba a estos chicos, la situación no ha variado.

"Es una aberración jurídica porque las circunstancias permanecen inalterables desde el fallo de la Audiencia Provincial y lo que hace la jueza es volver al criterio de la primera sentencia para ordenar la suspensión de la pena y decretar la libertad vigilada", subrayó.

Ceberio dijo que la magistrada se apoya en el informe del equipo técnico favorable a la libertad vigilada que, recalcó, no es vinculante para el juez.

Señaló que, de hecho, el criterio de estos peritos "no fue óbice" para que la Audiencia admitiera el recurso de apelación interpuesto por la familia y sentenciara a los siete jóvenes a dos años de internamiento.

Tras recordar que la familia ya ha recurrido la medida de la jueza de Menores, insistió en que en estos momentos no se ha producido alteración alguna que justifique contradecir el fallo de la Audiencia.

Otra cosa sería, según precisó, que dentro de siete u ocho meses se pidiera la suspensión de la pena y existiesen informes favorables del centro de internamiento de menores de Zumárraga.

"Entonces habría que valorarlo y ver si jurídicamente podría ser sustentable una suspensión de la condena. Ahora no hay razón jurídica alguna, aunque creemos que desde el punto de vista humano hay una absoluta obcecación de la juez de salirse con la suya y de imponer su criterio", destacó.

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