El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplazado el juicio contra el expresidente del Parlament y conseller de Empresa Roger Torrent, que debía iniciarse el próximo 12 de julio, mientras sustituye a su presidente, Jesús María Barrientos, apartado de la sala a raíz de su recusación.

En una providencia, la sala civil y penal del TSJC acuerda suspender el juicio por desobediencia a Torrent y a los miembros soberanistas de la Mesa que presidió en el Parlament por la "necesidad de completar" al tribunal que debe enjuiciarlos, de acuerdo con las normas de reparto.

La suspensión obedece a la decisión de la sala de recusaciones del TSJC de apartar a Barrientos del juicio al ver "comprometida" su "apariencia de imparcialidad", después de que en 2018 abandonara un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona molesto por una alusión de Torrent, entonces presidente del Parlament, a los "presos políticos".

Así lo ha acordado la sala de recusaciones del TSJC en un auto, que no se puede recurrir, en el que estima la petición del exvicepresidente del Parlament Josep Costa.

Según el TSJC, desde una "perspectiva objetiva e imparcial", el hecho de que Barrientos abandonara el 23 de febrero de 2018 un acto público después de que Torrent se refiriera a la existencia de "presos políticos" en España supone una "manifestación de rechazo" que puede generar "razonablemente dudas" en los enjuiciados y en la sociedad sobre su "apariencia de imparcialidad".

El TSJC seguirá ahora los trámites establecidos para designar a un nuevo juez para configurar el tribunal, junto a los magistrados Carlos Ramos y Carlos Mir, primero entre los miembros de la sala penal del alto tribunal catalán que no hayan participado en el proceso y luego en una lista de magistrados sustitutos previamente establecida.

Barrientos abandonó el 23 de febrero de 2018 un acto público

El 23 de febrero de 2018, Barrientos, que asistía en primera fila al acto institucional del Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de la festividad de Sant Raimon de Penyafort, se levantó y abandonó el acto junto a otros miembros de la cúpula judicial de Cataluña justo después de que Torrent denunciara la existencia de "presos políticos acusados por delitos inexistentes".

Según la sala de recusación del TSJC, esta actitud de Barrientos puede generar "razonablemente dudas" en quien va a ser juzgado y en la sociedad que comprometen la "apariencia de imparcialidad" del magistrado, que tendría que resolver "con la distancia necesaria, objetiva y subjetiva, para generar confianza en los litigantes y en la sociedad".

"Es importante resaltar que no dudamos de la imparcialidad del Excmo. Sr. Barrientos, pero que nosotros no dudemos no significa que no existan serias y fundadas razones para que el recusante fundamentalmente, y también parte de la sociedad, puedan tenerlas", apunta el auto.

Barrientos, que se opuso a su recusación, defendió la decisión de levantarse y abandonar el acto ante el discurso de Torrent como una manifestación en el ejercicio de sus funciones institucionales, entre las que alegó que se encuentra la defensa de la independencia del poder judicial.

No obstante, la sala subraya que el hecho de que Barrientos abandonara el acto, el de más relevancia institucional que organiza el Colegio de la Abogacía de Barcelona, con un salón lleno de personas, "tiene un efecto simbólico de rechazo que no se limita al contenido del discurso" que estaba efectuando Torrent, sino que "obviamente" también se proyecta "hacia su persona y al cargo que ostentaba en ese momento".

Torrent afronta una condena de un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, al permitir la tramitación de resoluciones soberanistas y de reprobación de la monarquía cuando presidía el Parlament.

La Fiscalía pide la misma pena para Eusebi Campdepedrós -actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat- y para Josep Costa, ambos miembros de la Mesa del Parlament que presidía Torrent por JxCat.

A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.