El Ayuntamiento de Barcelona destinó el 18,9% de su presupuesto de 2021 a la infancia y la adolescencia, aunque su peso demográfico es del 14,6% (241.954 personas). Así lo refleja un estudio que por primera vez ha elaborado el Consistorio con metodología de Unicef para analizar las inversiones dirigidas a este grupo de población. "Somos el primer gran Ayuntamiento del Estado que ha hecho un análisis presupuestario con este método", ha señalado este miércoles la cuarta teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismo y LGTBI, Laura Pérez.

El informe también muestra que el gobierno municipal gastó 2.503 euros por menor en 2021. Aprobó un presupuesto de 3.253 millones de euros, del que se ejecutó el 95,7% (3.115 millones), y la inversión total en la infancia y la adolescencia fue de 605.619.342 euros.

La educación fue el campo al que se destinaron más recursos (24,5%), seguido de la vivienda y el urbanismo (14,3%) y los servicios sociales y la promoción social (10,9%).

Según el estudio, se garantizó el derecho a la supervivencia (con 234.854 euros) con la cobertura de necesidades básicas, y el derecho al pleno desarrollo (con 195.707 euros) con la financiación de programas educativos, de cultura y de ocio y políticas de juventud y desarrollo económico y medioambiental.

También se contribuyó a garantizar el derecho a la protección, con 48.418 euros, y el de participación, con 27.005 euros.

Pérez ha subrayado que el informe "es una fotografía que ayudará a elaborar los presupuestos del año que viene de forma que la mirada a la infancia esté más presente".

También ha dicho que servirá "para ver si se tienen que hacer ajustes en políticas y si se están cumpliendo los objetivos de la política pública en infancia".

Por su parte, la coordinadora de Unicef Comité Cataluña, Quima Oliver, ha afirmado que la metodología del informe "permite avanzar hacia la elaboración de presupuestos que tengan en cuenta los derechos de los niños". Oliver ha pedido que la apliquen "todas las administraciones" y ha señalado que la Generalitat lo hace desde 2020.

La directora general del Alto Comisionado de Pobreza Infantil, Carmen Gayo, ha incidido en la "necesidad de invertir más y mejor en la infancia, especialmente en la más vulnerable", para "garantizar los derechos de los niños". Además, ha apuntado que "Barcelona es pionera" en ayudar a los menores más desfavorecidos. "Esperamos que otras ciudades sigan este ejemplo", ha añadido.