La ministra de Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, ha confirmado que este martes saldrá el primer vuelo con solicitantes de asilo expulsados hacia Ruanda, a pesar de las quejas de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de que, en la práctica, esta controvertida iniciativa arrancará con menos de una decena de personas a bordo.

"Esperamos enviar el vuelo", ha dicho Truss, en una entrevista a la cadena Sky News en la que ha aclarado que el Gobierno sigue adelante con sus planes tras haber recibido el visto bueno judicial el lunes. Londres alega que, con este tipo de gestos, quiere romper el "modelo de negocio" del tráfico de migrantes en el canal de la Mancha.

El primer ministro, Boris Johnson, también ha advertido de que las autoridades de Reino Unido no se dejará "disuadir" o "avergonzar" por las críticas, pese a que entre ellas figuran las del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y las de la Iglesia de Inglaterra.

Truss ha dicho desconocer "exactamente" cuántos solicitantes de asilo irán en este primer vuelo, aunque fuentes citadas por Sky News apuntan a que serán siete. La cadena BBC también ofrece una cifra similar, de entre siete y ocho, después de que los afectados hayan presentado recursos para evitar ser trasladados a Ruanda.

La jefa de la diplomacia británica ha avistado que quienes no estén en el avión inicial "estarán en el siguiente", dando a entender que, trabas judiciales y críticas aparte, el plan del Ejecutivo de Boris Johnson seguirá adelante. Es "completamente moral" y "completamente legal", ha esgrimido.

Un acuerdo de 144 millones de euros

El acuerdo con Ruanda permitirá a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. El acuerdo está dotado con 120 millones de libras -144 millones de euros- y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.

El Tribunal de Apelaciones británico descartó este lunes frenar los planes para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo que el Gobierno considera que han llegado al Reino Unido de manera ilegal. Ya en este sentido el Tribunal Superior de Londres falló en contra de adoptar medidas cautelares contra las deportaciones antes de que en julio se celebre un juicio completo sobre su legalidad.

El sindicato PCS, que agrupa a más de un 80% de los empleados del sistema de aduanas británico, y algunas organizaciones no gubernamentales habían apelado a la Justicia para tratar de congelar de inmediato los vuelos a Ruanda. A la polémica se sumó, en unas declaraciones privadas, el príncipe Carlos, heredero al trono del Reino Unido, que según desveló el diario The Times, ha calificado de "espantosos" los planes de Johnson, a pesar de la tradicional neutralidad política de la monarquía británica.