La familia de la menor que en febrero de 2020 se suicidó en el Instituto de Transtornos Alimentarios, ITA, de Argentona, en el que estaba ingresada, pedirán una indemnización al centro, después de que una juez haya concluido que hubo un "deficiente control" en la asistencia a la fallecida. Según ha informado el letrado de la madre de la menor, Sergio Santamaría, la juez ha archivado la denuncia por homicidio imprudente que presentó la familia pero, al mismo tiempo, abre la puerta a plantear una reclamación por la vía civil.

La menor, que sufría un trastorno ansioso-depresivo y alimentario con ideas autolíticas, se suicidó en febrero de 2020 en el ITA de Argentona, donde estaba ingresada desde hacía dos meses. La madre denunció los hechos en el juzgado, que ha archivado la causa abierta por un delito de homicidio imprudente, al concluir que no existe responsabilidad penal por parte del equipo médico que atendió a la menor, ni "vulneración alguna de la lex artis".

No obstante, la juez reconoce que hubo un "deficiente control por parte del ITA en la asistencia de la menor", lo que permite a su madre reclamar la indemnización correspondiente en la jurisdicción civil, dado que supondría "un incumplimiento defectuoso de la asistencia residencial". En concreto, el auto señalaba que la joven tenía a su alcance el cinturón con el que se suicidó ahorcándose, así como unos pendientes que utilizó para hacerse perforaciones.

Tampoco se habría "controlado y supervisado", añade la magistrada, la medicación que tomaba la paciente, dado que el informe de la autopsia revela que presentaba 2.06 mg/l de fluoxetina, fármaco que se le había prescrito para su trastorno psicológico y "que, si bien no influyó en el desenlace mortal, podría haber sido letal".

La juez añade que la madre había comunicado a la psicóloga del centro que no había "observado mejoría" en la menor desde su ingreso en diciembre de 2019, pero "no se adoptó ninguna medida extraordinaria de control al no apreciar riesgo suicida inminente".