Así lo ha anunciado este jueves la vicealcaldesa y titular de la citada delegación, Sandra Gómez, después de conocerse que Guadalmedina ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la ejecución de la sentencia, de 2015, que anulaba la operación urbanística de Tabacalera y el acuerdo municipal de 2005 que la respaldaba. La firma reclama también la devolución de este inmueble.

Por su lado, el alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha considerado "básico" para el consistorio el edificio de Tabacalera y ha hablado de "negociar" con la promotora, algo que Gómez, también portavoz municipal del PSPV, no contempla.

"Vamos a actuar manifestándonos en contra de todas estas pretensiones" que buscan "duplicar el pelotazo de Tabacalera", ha indicado Gómez, en alusión a la reclamación de Guadalmedina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido sobre el PEP de Ciutat Vella.

"Solicita al Ayuntamiento recuperar el edificio de Tabacalera y todo lo que pagó por la edificabilidad de los dos solares de Micer Mascó y por la diferencia entre la permuta de Tabacalera y Plaza América" aunque la inmobiliaria "desarrolló y vendió las dos promociones de vivienda y se enriqueció" con ambas, ha agregado. "Este ayuntamiento no va a devolver la edificabilidad ya consumida y pagada", ha añadido.

"Como administración pública vamos a ejecutar la sentencia liquidando el convenio y expropiando la parcela de Micer Mascó y oponiéndonos a estas pretensiones que lo único que quieren es un enriquecimiento injusto de la mercantil perjudicando al erario público, que es el de todos los valencianos", ha explicado preguntada por la posibilidad llegar a un acuerdo extrajudicial con la mercantil.

Por medio de la permuta contemplada en operación de la antigua fábrica de tabaco, que era de la promotora, esta pasaba a manos del Ayuntamiento, que a cambio cedía a Igsa el edificio de Plaza América, en el que la empresa construyó viviendas, y dos solares en Micer Mascó, en la parte trasera de la antigua fábrica de tabacos. La mercantil también construyó en uno de ellos pero no en el otro, donde se proyecta un jardín y por mandato judicial la reconstrucción de una de las naves que fue derruida al reformar Tabacalera.

El consistorio planteó la posibilidad de compensar ese terreno con la cesión a la promotora de dos parcelas en el barrio de Penya-roja, algo que ha sido rechazado judicialmente. Con la expropiación anunciada por Gómez el consistorio abonaría a la inmobiliaria el suelo y la edificabilidad que le debe y zanjaría este asunto.

Sandra Gómez ha señalado que no hay posibilidad "de pagar en especie", como se quería hacer con los terrenos de Penya-roja, y ha apuntado, aludiendo al fallo que anula esa opción, que la salida que queda, pagar, costará "millones de euros al Ayuntamiento" que serán "el perjuicio directo que los gobierno del PP y Rita Barberá le habrán costado a la ciudad".

Así, ha resaltado que este asunto es consecuencia de "la herencia envenenada del PP" y de "un gran empastre heredado" de él "que puede poner en peligro el edificio de Tabacalera y que deje de ser" municipal. Gómez ha dicho que esto además de dañar "directamente al erario público, genera mucha inestabilidad y un perjuicio jurídico y patrimonial" en "favor del interés particular" y no "del general".

Igualmente, ha dicho que el tema se enmarca en un convenio que el TSJCV consideró "agresivo y depredador con el patrimonio histórico -por el derribo de naves de Tabacalera- y una operación urbanística "especulativa" y "un pelotazo urbanístico".

"SIN DEVOLVER NADA"

La vicealcaldesa ha subrayado el beneficio para "una empresa en concreto" y ha censurado que con la ejecución de sentencia, Igsa pida "sin devolver nada" al consistorio. Igualmente, ha expuesto que el argumento dado por la firma es que el Ayuntamiento, "en su día -durante los gobierno del PP, ha insistido- tuvo una actuación torpe que ha llevado a la nulidad del convenio".

Tras ello, ha matizado que hay que tener en cuenta el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que señala que "sea a no torpe esa actuación, la mercantil tiene idéntica culpa o es igual de negligente que la administración" porque "manifestó su voluntad a la hora de suscribir el convenio". "Esa causa torpe es absolutamente también imputable a la mercantil. Lo dice el CJC y la lógica", ha apostillado.

Sandra Gómez ha lamentado también que desde la oposición PP y Cs "celebraran" que el TSJCV anulara la solución "de liquidación y del convenio y pago en especie" a Gualdamedina plateada con suelo en Penya-roja y que se reclamara la ejecución "estrictamente" del fallo. A continuación, ha destacado que ella advirtió entonces de que "si no había un acuerdo o se pagaba" a se podía "poner en peligro Tabacalera".

"Había cierta incredulidad, pero aquí está la realidad de lo que veníamos advirtiendo que podía pasar", ha señalado la vicealcaldesa, que ha destacado el trabajo para buscar "soluciones" y "evitar perjudicar el interés general". La responsable de urbanismo no ha contemplado, como ha hecho Ribó, la opción de "negociar" con Igsa y ha insistido, tras haber hablado con ella "en numerosas ocasiones", el camino de la ejecución de sentencia.

"NEGOCIAR UNA SOLUCIÓN CON LA EMPRESA"

El primer edil, que se ha referido a Tabacalera en una rueda de prensa sobre la EMT, ha defendido la posibilidad, "por supuesto", de "negociar una solución con la empresa". "No fuimos nosotros, pero nos toca asumir los costes", ha afirmado, además de aseverar que esto ha sido "un embolao que nos dejó el anterior gobierno del PP.

Ribó, que ayer se reunión con vecinos de Penya-roja a los que aseguró que las dos parcelas de su barrio se mantendrán como suelo para dotaciones públicas, ha apuntado que "habrá que estudiar en su conjunto la cesión de solares". Ha dicho que las soluciones de compensación no están concretadas y que pasan por "buscar suelo en otro sitio, ampliar la superficie edificable en otras parcelas o satisfacer el coste económicamente hablando".