Un juzgado de lo contencioso administrativo ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a retirar las multas por un valor de 417.000 euros que impuso al fondo de inversión Vauras Investments por no ofrecer alquiler social a las seis familias vulnerables ocupantes del conocido como Bloc Llavors, ubicado en el número 38 de la calle Lleida y desalojado en marzo de 2020.
Así lo han confirmado fuentes municipales, que han explicado que, tras el recurso del fondo, el juez notificó al consistorio a principios de abril que las sanciones eran inconstitucionales, porque el Tribunal Constitucional anuló el artículo de la ley catalana 17/2019 de medidas de emergencia habitacional que las amparaba.
Las mismas fuentes han apuntado que, sin embargo, las multas "se impusieron cuando la ley aún estaba en vigor y lo permitía".
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue imputada tras estimar la Audiencia Nacional el recurso de Vauras Investments contra ella por coacciones y prevaricación, al presionarle supuestamente para que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la "amenaza" de no concederle licencias de obras. Además de contra Colau, este va dirigido hacia el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra; la de Vivienda, Lucía Martín; y la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá.
El Bloc Llavors, en el Poble-sec, fue un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Barcelona. Vauras Investment lo adquirió en 2016 para rehabilitar los pisos, que en un principio fueron de protección oficial, y poderlos vender más caros. En verano de 2017 fue ocupado.
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