"El respeto de dichos valores no puede reducirse a una obligación a la que esté sujeto un Estado candidato para adherirse a la Unión y de la que pueda eximirse después de su adhesión". Esa es la premisa clave en la que se ha apoyado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para rechazar los recursos de Hungría y Polonia y dar el visto bueno al mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos sobre el cumplimiento del estado de derecho.

Esto, en último término, puede llevar a que los gobiernos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki, en el foco por su deriva iliberal, se puedan quedar sin ayudas, aunque ahora la decisión queda en manos de la Comisión Europea que se encuentra muy presionada por el Parlamento Europeo, principal precursor de esta herramienta como respuesta a las políticas desarrolladas en los últimos años tanto por Fidesz en Hungría como por Ley y Justicia (PiS). Pero, ¿puede pasar? Hay una serie de cuestiones que responder sobre este peliagudo asunto.

¿Qué implican el mecanismo y la decisión del TJUE?

El resumen sobre esta vía es relativamente sencillo. El fondo de recuperación incluye un mecanismo de condicionalidad por el cual si no se cumple con el estado de derecho las ayudas europeas no llegan. Polonia, además, está entre los mayores beneficiarios del fondo de recuperación y es el segundo Estado miembro que más fondos regionales ha recibido hasta el año 2020 (solo superado por España). El planteamiento de quienes defienden esta opción -que es mayoría en la Eurocámara- es que lo que verdaderamente le duele a los partidos y ejecutivos que optan por derivas iliberales es que se les toque la parte del dinero.

"Este mecanismo permitirá a la UE suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación de la UE de manera proporcional a la naturaleza, la gravedad y el alcance de las infracciones. No influirá en las obligaciones de los Estados miembros afectados para con los destinatarios y beneficiarios finales", explican desde la Comisión. Los planes húngaro y polaco, además, se encuentran ahora mismo bloqueados precisamente por no cumplir con el estado de derecho. Son, de hecho, de los poquísimos documentos que no están siguiendo su curso. Otro es el de Países Bajos, pero en este caso debido a que ha tardado casi nueve meses en formar Gobierno tras las últimas elecciones. 

Además, en el marco de este reglamento, la Comisión es la que propone las medidas y el Consejo las aprueba (o no) en una votación por mayoría cualificada, lo que reduce a la nada las opciones de veto que podrían permitir que Orbán y Morawiecki se pudieran proteger entre ellos. En este caso también cabe recurso por parte de los gobiernos.

Con esto, ¿qué ha establecido el TJUE? Básicamente que el mecanismo de condicionalidad es legal y, por lo tanto, utilizable desde ya. La Gran Sala recalca que esta herramienta es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica. "Ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada y es conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE", establece

Desmonta así la justicia europea el recurso de Hungría y Polonia, que argumentaban que la condicionalidad prácticamente 'suplanta' a ese artículo, previsto para dejar sin voto en el Consejo a los países miembros implicados. La clave del artículo 7 es que exige unanimidad, por lo que, por ejemplo, Varsovia y Budapest se protegen entre ellos y es que, de hecho, ambos tienen procedimientos abiertos bajo esa premisa, pero no tienen mayor recorrido. Además, el TJUE sentencia que el reglamento "cumple los requisitos del principio de seguridad jurídica" y que no excede las competencias de la Unión.

¿Cuál es el papel de la Comisión Europea?

Ahora la pelota pasa al tejado de la Comisión Europea, que decide en último término sobre la aplicación del mecanismo. De hecho, fue la propia Ursula von der Leyen quien prefirió esperar a la decisión del TJUE para dar el paso definitivo, entre críticas sobre todo por parte del Parlamento Europeo, que pedía mayor agilidad. "La Comisión analizará ahora detenidamente el razonamiento de las sentencias y su posible impacto en las nuevas medidas que adoptaremos en el marco del Reglamento. Teniendo en cuenta estas sentencias, en las próximas semanas adoptaremos unas directrices que aporten más claridad sobre cómo aplicamos el mecanismo en la práctica", expresó la presidenta en un comunicado tras conocer la decisión.

Muchas son las voces que acusan a la Comisión de ponerse de perfil ante las derivas de Hungría y Polonia. Y es que en el caso de Varsovia, además, ya cuenta con multas millonarias por no desmontar la Cámara Disciplinaria y vulnerar la independencia judicial y por no cerrar la mina de Turow. Ya tuvieron que recular también los gobiernos de las regiones que se declararon "libres de LGTBI" y por las que se congelaron fondos de cohesión. Precisamente por la normativa anti LGTBI está en el foco el Ejecutivo de Orbán. En ese contexto, ambos gobiernos recalcan que la resolución del TJUE es una decisión con motivación "política" contra ellos.

¿Hasta qué punto tiene implicaciones políticas?

La decisión del TJUE también sirve como munición política para los Estados miembros implicados, más todavía en el caso de Hungría. El país magiar celebra elecciones el próximo 3 de abril y Orbán podría plantear una campaña en la que el discurso principal sea se se es anti UE o pro UE. Esta vez los comicios se anticipan igualados, pues la oposición llega unida bajo un único candidato: Peter Marky-Zay, un alcalde conservador que aspira a quitarle votos a Fidesz con un discurso algo más cercano al europeísmo, pero sin demasiados alardes. En Polonia la situación es similar, con la cita con las urnas prevista para 2023. Ahí el PiS tendrá que enfrentarse a una oposición fuerte, con el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk como candidato.