Ocho familias más han sido desalojadas de sus viviendas de San Fernando de Henares en las últimas horas por los daños provocados en los inmuebles por la línea 7B de Metro de Madrid. Las personas que han tenido que abandonar sus casas vivían en pisos de los números 19, 21, 23 y 25 de la calle Presa de la localidad, en la que ya ha habido otros desalojos con anterioridad e incluso derrumbes de edificios dañados. 

"No hay futuro para los realojados de San Fernando": los afectados por Metroeste exigen una indemnización por sus casas

El desalojo se produjo, según ha informado la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, siguiendo las medidas establecidas en el Plan de Seguimiento. En virtud del mismo, se comprueban periódicamente los asentamientos de las viviendas y en una revisión realizada este jueves a última hora de la tarde por una dotación de los bomberos de la Comunidad se determinó que varias viviendas de los citados números tenían que ser desalojadas. 

Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, gobernado por el socialista Javier Corpa, se ha afeado el procedimiento llevado a cabo esta semana. Según el regidor, no recibió notificación oficial previa por parte de la Comunidad de Madrid del procedimiento de desalojo salvo un mensaje de WhatsApp donde se indicaba que eran "inspecciones rutinarias". 

Corpa, además, ha asegurado que los desalojos se materializaron sin que la Comunidad ofreciera alternativa habitacional por parte de la Comunidad de Madrid, algo que ha criticado. Este mismo viernes por la tarde se ha celebrado un pleno extraordinario en San Fernando para abordar la situación de las viviendas afectadas por el Metro, unas 200, según ha precisado el alcalde durante la sesión. 

La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha insistido este viernes que desde hace semanas están "a la espera" de una resolución por parte del Ayuntamiento de San Fernando sobre las declaraciones de ruina de los edificios afectados. "Cuanto más tarde en decidir si finalmente declarará en ruina o no los edificios, más difícil será la rehabilitación", ha señalado el Gobierno autonómico dirigiéndose a Javier Corpa. 

"Sin el decreto de alcaldía, la Comunidad no puede ni reparar ni indemnizar a las familias", han agregado las mismas fuentes, que han agregado que el Ejecutivo se está ocupando de garantizar la seguridad de los vecinos. "No se está escatimando ningún recurso humano y económico para solventar cuanto antes esta situación", ha subrayado.