El Ayuntamiento de Cádiz prohíbe la práctica del nudismo en sus playas

El encargado de los avisos a los bañistas, censurado por sus chanzas.
El encargado de los avisos a los bañistas, censurado por sus chanzas.
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El nudismo se convierte en una práctica ilegal en las playas de
Cádiz. Así lo dispone una
nueva ordenanza municipal que prohíbe expresamente el nudismo en las playas de la capital, que contempla esta práctica con multas de
hasta 750 euros.

La normativa considera el nudismo como
"infracción leve", lo que podría acarrear
multas de entre 100 y 750 euros. Fuentes municipales aseguraron que, por el momento, la Policía Local no ha procedido a imponer ninguna multa, si bien ha estado "informando" a los bañistas sobre la nueva ordenanza y la prohibición de practicar nudismo.

Concretamente, se prohíbe esta actividad en las
playas urbanas consolidadas, como La Caleta, Santa María del Mar y La Victoria. En las playas naturales sin protección especial, es decir, La Cortadura, sí está permitido "siempre y cuando exista una zona habilitada para ello", dándose la circunstancia de que en dicha playa no existe zona habilitada.
Una "prohibición ilegal y anticonstitucional"

Por su parte, la
Federación Española de Naturismo (FEN) ha anunciado este miércoles que
recurrirá la normativa. la ordenanza municipal de uso y disfrute de las playas de la ciudad de Cádiz que prohíbe expresamente el nudismo en las playas de la capital, pudiendo sancionar esta práctica con multas de hasta 750 euros.
Los ayuntamientos no pueden sacar las normas que les dé la gana
Su presidente, Ismael Rodrigo, aseguró que esta ordenanza es
"ilegal y anticonstitucional", puesto que "los ayuntamientos no pueden sacar
las normas que les dé la gana y restablecer delitos que han sido abolidos del Código Penal".

Asimismo, aludió a la
Ley de Costas, que "no da potestad a los ayuntamientos para decidir sobre el asunto". Según recordó, era una
competencia municipal en la anterior Ley de Costas, "en la de Franco", pero que "se retiró de la actual legislación", con lo que "claramente, la administración local no puede ejercer funciones de policía de moralidad".
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