A la Unión Europea le crecen los enanos en las fronteras exteriores. Al capítulo entre Polonia y Bielorrusia se le suma ahora otro después de que Turquía haya acusado a Grecia de desarrollar acciones "provocativas" en la región. "A medida que actuamos de esta manera, Grecia se inmiscuye en acciones y retóricas que solo provocan un aumento de la tensión", sostuvo este martes Hulusi Akar, ministro de Defensa otomano.

Para Ankara, sus posiciones son "lógicas y calmadas" mientras que Atenas, dicen, "actúa de manera inmoral". En conversaciones con el Ejército, Hulusi quiso dejar claro que no se puede equiparar el papel de Grecia con el de Turquía y negó cualquier acusación que pueda hacer el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis. "Nosotros solo estamos defendiendo nuestros derechos; no estamos siendo agresivos", dijo el ministro al tiempo que insistía que no están "actuando igual que Grecia".

El centro del conflicto, de nuevo, es la política migratoria. En palabras del Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan, Atenas está cometiendo "un grave crimen contra la humanidad" al actuar de forma inmoral y devolver a los migrantes a aguas turcas. Estos choques son habituales porque más allá de las tensiones que Turquía mantiene con Grecia -así como con Chipre-, el acuerdo migratorio firmado en 2016 y que está pendiente de renovarse pone más en alerta a las partes.

Como explica el CIDOB en uno de sus informes, sobre el papel, Turquía se comprometía a readmitir a toda persona llegada irregularmente a las costas griegas. A cambio, los Estados miembros aceptaban reasentar un ciudadano sirio por cada sirio retornado a Turquía. Además, la UE prometía acelerar el proceso de liberalización de visados para los ciudadanos turcos e incrementar la ayuda financiera para la acogida de refugiados en Turquía (primero con 3.000 millones de euros y meses después con 3.000 más). El mensaje era claro: los que intentaran llegar a Grecia serían rápidamente retornados, mientras que los que esperaran pacientemente en Turquía tendrían la posibilidad de entrar en su lugar.

En la práctica, a lo que Turquía realmente se comprometió fue a controlar las fronteras europeas desde fuera. Y hay más: lo que redujo drásticamente las llegadas a Grecia no sólo fue la externalización del control migratorio al país vecino sino la internalización de espacios de excepción dentro de las propias fronteras europeas. 

Con el cierre de la ruta de los Balcanes y la entrada en vigor del acuerdo con Turquía, Grecia se convirtió en destino final. Los que llegaron después de ese 20 de marzo de 2016 quedaron atrapados en las islas. Según la Comisión Europea, la restricción geográfica era necesaria para poder cumplir el acuerdo, es decir, asegurar el retorno inmediato a Turquía o a los países de origen de aquellos que hubieran llegado irregularmente. "Es así como las islas griegas se convirtieron en campos de detención a cielo abierto", añaden desde CIDOB. Por eso cada vez que hay un cierto roce en este asunto, las tensiones se elevan.