Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, después de la reunión de este lunes del Consell de Govern, se trata de un convenio dirigido a los internos y trabajadores del Centro Penitenciario de Palma, el Centro de Inserción Social de Mallorca Joaquín Ruiz Giménez, la Unidad de Madres y el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, mediante la intervención de los profesionales de las unidades de conductas adictivas (UCA).

Este acuerdo nace de la necesidad de impulsar acciones para el tratamiento de la adicción a las drogas entre la población penitenciaria, un problema muy extendido y que supone una dificultad a la hora de reinsertar adecuadamente el recluso en la sociedad, y que, además, conlleva consecuencias negativas para la salud del recluso que inciden en la salud de la población.

Así, las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de los establecimientos penitenciarios son cruciales para ayudar a la persona adicta, en su situación de internamiento, a superar la adicción y evitar posibles recaídas, así como para prevenir el consumo de drogas en la población reclusa que no consume pero que es muy vulnerable a la presión del entorno.

De este modo, han explicado, el Ministerio del Interior y la Conselleria de Salud y Consumo quieren aunar esfuerzos para la consecución de los objetivos de tratamiento y disminución de recaídas en cuanto al consumo de drogas, sustancias estupefacientes y prácticas de riesgo relacionadas.

Pueden beneficiarse del tratamiento todas las personas con penas privativas de libertad o medidas alternativas que lo soliciten, con independencia de su situación procesal penal, y cumplan los criterios de inclusión en el programa.

Por otra parte, podrá beneficiarse de la formación el personal funcionario o laboral que, por razón de su trabajo (vigilancia, enfermería, tratamiento, etc.), tenga contacto con los internos, según la necesidad detectada por parte de los centros penitenciarios.