El Ayuntamiento de Castelló ha salido del plan de ajuste en el que entró en 2012 como consecuencia del afloramiento de casi 1.500 facturas valoradas en 48,2 millones de euros que se encontraban en el 'cajón', es decir, correspondientes a servicios prestados por proveedores y que no se habían pagado, según ha informado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco.

Esto se ha producido, según Marco, tras amortizarse seis meses antes de la fecha límite el último préstamo de 2.960.000 euros que se firmó para hacer frente al pago. "Por lo tanto, actualmente el Ayuntamiento se sitúa en un ratio de endeudamiento del 15 por ciento, lo que supone 26 millones de euros, que es equivalente a la cantidad que confinancia el consistorio de fondos europeos", ha explicado la primera edil.

Marco ha recordado que en 2012 el Ayuntamiento se acercó a los 130 millones de euros de deuda, mientras que el ratio de endeudamiento a largo plazo alcanzó el 89,3%, "situación insostenible que abocó al Ayuntamiento a aprobar un plan de ajuste para poder hacer frente a esos 48,2 millones de euros de facturas en el cajón".

Tras salir del plan de ajuste, el Ayuntamiento ha dejado de estar bajo la tutela del Ministerio de Hacienda. "Prácticamente somos mayores de edad para gestionar nuestra economía", ha apuntado la alcaldesa, quien ha señalado que el gobierno del Ayuntamiento lo ha hecho bien "porque además de acabar con esa deuda, ha rebajado la presión fiscal y ha incrementado la inversión en la ciudad".

Así, ha concretado que la inversión por habitante ha aumentado un 129% respecto a 2014, pasando de 41,75 euros por habitante en ese año a 95,7 euros en 2019. "Esto ha sido fruto de los presupuestos, de las inversiones financieramente sostenibles y de los fondos europeos", ha añadido Marco.

POLÍTICAS SOCIALES

La alcaldesa, así mismo, ha destacado que el Ayuntamiento ha incrementado las políticas sociales -desde 2015 un 500% las de empleo y un 79% las de bienestar social-; mientras que las facturas en el 'cajón' a finales de 2020 se situaban en 120.000 euros.

Marco ha subrayado que entre 2012 y 2021 la deuda ha pasado de 818 euros por habitante a 149, mientras que el periodo medio de pago a proveedores ha pasado de 80 días en 2012 a 9,99 días en 2021. "Esto supone dar estabilidad al tejido económico y empresarial castelloenese, especialmente al más pequeño que trabaja con el Ayuntamiento", ha afirmado Marco.

Por otra parte, en materia fiscal, el porcentaje del IBI se ha reducido del 0,87% en 2011 al 0,69% desde 2018, mientras que el ICIO también ha experimentado un descenso a pesar del cual se ha incrementado la recaudación porque -según la alcaldesa- "hay más actividad económica.

"Una de las grandes mentiras que tenemos que oir en los plenos es que hemos aumentado la presión fiscal, algo que no es cierto, y es verdad que el dinero de los impuestos donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, pero siempre que se cubran las necesidades básicas de la ciudad", ha manifestado la primera edil.

Finalmente, Amparo Marco ha destacado que las transferencias del Gobierno central, Generalitat Valenciana y Diputación han pasado de 40 millones de euros en 2015 a 61,8 millones en 2021.

La alcaldesa ha mostrado su "satisfacción" por la gestión económica del Ayuntamiento, cuyas cuentas -según ha dicho- "están saneadas, lo que permite abordar el futuro con mucho más optimismo que hace unos meses".