En este sentido, se cita a la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) que establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterá al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal.

Así como que los ayuntamientos pueden delegar, en el órgano ambiental autonómico o el órgano ambiental insular, la competencia de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación municipales, según ha informado el Gobierno de Canarias en nota de prensa.

Al respecto, el Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, en la que habilitaba la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico.

Por ello ambos ayuntamientos han acordado ejercer esa capacidad y delegar en el órgano ambiental de la Administración autonómica las citadas competencias a través de acuerdo de sus plenos, una delegación que actualmente ha aceptado el Consejo de Gobierno.