Así lo ha anunciado el director xeral de Xustiza del Gobierno autonómico, Juan José Martín Álvarez, que ha acudido este miércoles a la Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior para dar cuenta de la nueva situación del turno de oficio a partir de este 2021, a petición del grupo popular.

Tal y como ha recordado la diputada popular Paula Prado, las competencias en materia de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia en lo que respecta a los profesionales de la Abogacía y de la Procuradoría del turno de oficio fueron traspasadas a la Comunidad, para compensar así a los profesionales que asisten a los ciudadanos beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita en Galicia.

En 2017, el Ejecutivo gallego y el Consello da Avogacía Galega y el Consello Galego dos Procuradores, firmaron sendos convenios para establecer el baremo de compensación económica por la citada asistencia jurídica, "parte esencial del derecho fundamental a la tutela judicial".

Según ha defendido el propio director xeral, estos últimos acuerdos "incrementaron los baremos que percibían los profesionales por atender en turno de oficio, no sólo en lo que respecta a las cuantías, sino también ampliando nuevos conceptos, antes no contemplados como las diligencias preliminares".

Todo esto, ha indicado, tras la "parálisis administrativa" en la que se encontraban este tipo de acuerdos cuando los populares llegaron a la Xunta en 2009, momento en el que "los pagos estaban sin efectuar". Unos pagos que, anteriormente, tardaban en realizarse, de media, dos meses, "a veces incluso llegando a los cinco meses".

NUEVOS CONCEPTOS RETRIBUIBLES

El horizonte temporal de vigencia de los acuerdos de 2017 era de cuatro anualidades económicas, por lo que, este verano comenzaron las negociaciones con el Consello da Avogacía Galega y otros siete colegios para alcanzar nuevos convenios.

Este acuerdo permitirá subir las retribuciones, de media, un 15%, que se repartirá a lo largo de las anualidades por tramos, siendo el del último año el IPC. Algunos de los aspectos en los que se incrementan las dotaciones son, por ejemplo, la asistencia al detenido, que pasa de 113 euros a 131 euros.

También se producirá una subida de alrededor del 40% en los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad y en los procesos de medidas en materia de familia, y también un incremento económico "destacable" en las cuantíasque perciben los letrados en la asistencia a la orden de protección en los casos de violencia de género y doméstica.

Ahora, además, a los profesionales se les será retribuido porcentualmente llevar varios imputados en el mismo procedimiento; así como la defensa de personas jurídicas investigadas -un concepto antes no incluido-.

Álvarez ha subrayado además que el tiempo medio de pago ahora es de entre 23 y 25 días, "a contar desde que la certificación del colegio es correcta", ha matizado.